Madrid (EFE).- El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo sobre el uso de las instalaciones municipales deportivas, que impide su utilización para actos de la comunidad musulmana de la localidad, porque entiende que atenta contra la libertad religiosa.
Según han explicado fuentes del Ejecutivo, el requerimiento, presentado por la delegada del Gobierno y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que «las razones objetivas esgrimidas no se sustentan».
Para el Ejecutivo, «se restringe de forma arbitraria» una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando los principios constitucionales de libertad religiosa, igualdad y neutralidad confesional de la Administración.
Desviación de poder
Además, considera que el acuerdo adoptado supone también una vulneración del uso común general correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, y que se ha incurrido en desviación de poder por utilizar competencia municipal para fines ideológicos ajenos al interés general, tal y como señala el escrito, al que ha tenido acceso EFE.
«No hay duda que el acuerdo cuya anulación se requiere incurre en desviación de poder, empleando la potestad municipal para impedir las celebraciones religiosas musulmanas de forma impropia, desviada, aunque aparentemente parece regular el uso de las instalaciones deportivas municipales, sin embargo, bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del Derecho fundamental a la libertad religiosa», recoge el requerimiento.
En un mensaje en X, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido la medida tomada por el Gobierno: «Frente a la deriva extremista de PPVox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia», ha dicho Bolaños.
Frente a la deriva extremista de PPVox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa.
— Félix Bolaños (@felixbolanosg) August 11, 2025
Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en CyL o la censura en Murcia.https://t.co/CTelZESDPX
Entiende el Gobierno que la corporación municipal no desea limitar el uso de las instalaciones deportivas municipales a actividades de ámbito deportivo, sino excluir la celebración de las festividades religiosas que hasta ahora allí se celebraban «y que resultaban ser las musulmanas que periódicamente se venían realizando en dichos espacios».
Restricción injustificada del ejercicio colectivo del culto
El Gobierno argumenta que la exclusión de actos religiosos ajenos al Ayuntamiento «sin acreditar perturbación del orden público ni conflicto de usos» constituye una restricción injustificada del ejercicio colectivo del culto y expone que la restricción de derechos fundamentales debe estar debidamente motivada, basada en criterios objetivos y sometida a control de proporcionalidad, tal y como establece el Tribunal Constitucional.
«La motivación real del acuerdo del Ayuntamiento de Jumilla no responde a criterios técnicos ni organizativos, se aparta de los criterios legales de gestión de los usos de los bienes públicos y, además, no responde sino a una finalidad ideológica de exclusión religiosa, expresamente reconocida por sus promotores», señala el escrito firmado por la delegada de Gobierno en la Región de Murcia, María Dolores Guevara.
La motivación del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Jumilla de 28 de julio de 2025 se observa una vulneración del principio de neutralidad religiosa de la Administración y la Administración debe garantizar el uso equitativo de espacios públicos, sin favorecer ni obstaculizar el ejercicio de derechos en función de la confesión religiosa implicada.
Por todo ello, requiere a la corporación local que revoque el acuerdo, que contemplaba la modificación del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales y que excluye actos religiosos ajenos a la corporación, por ser contrario al ordenamiento jurídico.
Jumilla elude pronunciarse sobre la impugnación
Por su parte, el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) ha eludido pronunciarse este lunes sobre la impugnación que ha hecho el Gobierno del acuerdo adoptado el 28 de julio en pleno sobre el uso de las instalaciones deportivas municipales, que impide su uso para actos de la comunidad musulmana.
«No va a haber declaración por parte del ayuntamiento», han señalado a EFE fuentes municipales después de conocerse la presentación por parte de la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, de un requerimiento, coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, para dejar sin efecto la iniciativa que salió adelante en el último pleno de julio con los votos favorables del PP y la abstención de Vox.
En el escrito, el Gobierno justifica su decisión en que la medida aprobada en Jumilla, que sustituía una moción de Vox que pedía la prohibición expresa de actos de la comunidad musulmana, atenta contra la libertad religiosa y restringe una celebración que se venía realizando desde hace años en las instalaciones deportivas.
Desde el Partido Popular de la Región de Murcia tampoco han querido pronunciarse hasta el momento sobre este asunto.
El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha dicho este lunes a EFE que el requerimiento presentado por el Gobierno responde a una estrategia de un «gobierno mafioso, que trata de tapar sus escándalos con una polémica que no es tal».
Antelo ha atribuido la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, presentada este lunes a través de la delegada en la Región de Murcia, Mariola Guevara, a un intento de crear una «polémica que no existe, que es sentido común», y ha insistido en su defensa de la «cultura española, que es la cultura de la cristiandad».
El PSOE ha cargado contra el Partido Popular por comprar la ideología de Vox y ha subrayado que «Vox manda, el PP obedece y España retrocede», acusándolo de llegar incluso «a institucionalizar la islamofobia y el racismo», como se ha visto en Jumilla (Murcia), con tal de llegar al Gobierno.
A través de las redes sociales, la portavoz socialista, Montse Mínguez, ha difundido un vídeo en el que asegura que el PP no tiene un plan de país sino «un plan Moncloa», insistiendo en que cada pacto que suscriben Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal «hay un derecho que se recorta».
El PP cree que el Gobierno busca confrontar
Por otro lado, el vicesecretario general del PP, Juan Bravo, cree que el Gobierno solo busca, como Vox, seguir incrementando «la confrontación y los muros» al impugnar la moción de Jumilla (Murcia) y ha asegurado que su partido defiende la libertad de culto y que la norma aprobada «no veta absolutamente nada».
Bravo, en una rueda de prensa este lunes en la sede del PP, ha respondido así a las acusaciones del PSOE de «institucionalizar la islamofobia y el racismo» con tal de llegar al Gobierno, refiriéndose a la moción de Jumilla promovida por el partido de Santiago Abascal y enmendada por el PP, que prohíbe actos religiosos en instalaciones deportivas que antes sí había utilizado la comunidad islámica.
Según el dirigente popular, la moción no tiene efectos jurídicos, como han señalado los letrados -ha dicho-, con lo que es evidente que el Ejecutivo lo que busca es «simplemente hacer ruido para sacar un beneficio», insistiendo en que hay dos partidos (PSOE y Vox) que lo que quieren es «poner esos muros más altos» y polarizar al conjunto de los españoles: «a nosotros ahí no nos van a encontrar nunca».
La comunidad islámica celebra el recurso del Gobierno
El coordinador de la Comisión Islámica de la Región de Murcia, Walid Habbal, ha celebrado este lunes en declaraciones a EFE el requerimiento presentado por el Gobierno al Ayuntamiento de Jumilla.
«¡Qué buena noticia!», ha exclamado el presidente de la asociación Ucide en Murcia y coordinador de la Comisión Islámica, una entidad que agrupa a las 168 comunidades islámicas censadas en esta región, al conocer la impugnación del Gobierno, presentada al entender que atenta contra la libertad religiosa y vulnera también los principios constitucionales de igualdad y neutralidad confesional de la Administración.
