Madrid, 22 sep (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió al Ministerio de Igualdad de problemas con las pulseras de control de agresores machistas en oficios enviados en enero y febrero por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
La presidenta de este observatorio, Esther Erice, envió dos oficios el 8 enero y el 21 de febrero de este año a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, según ha publicado este lunes El Español y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.
Este lunes, la presidenta de este observatorio ha enviado una carta a la delegada del gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, donde explica las comunicaciones practicadas respecto a las pulseras y alude a la elaboración de una encuesta, de cuyos resultados informarán próximamente.
En concreto, y según detalla el CGPJ en un comunicado, el observatorio trasladó el 8 de enero y el 21 de febrero dos informes remitidos por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada e hizo lo mismo el 27 de febrero con otra incidencia de la que había informado un órgano judicial de Galicia.
En los oficios se advertía de incidencias y fallos en los dispositivos como la manipulación de las pulseras sin que se detectase, fallos en la geolocalización de las mujeres y de sus agresores, pérdidas de señal o cobertura, así como problemas de batería, según confirman a EFE fuentes jurídicas.
Por otra parte, los problemas detectados se trataron de «forma exhaustiva» en una reunión del pleno del Observatorio el 27 de febrero, en la que intervinieron todas las «instituciones concernidas» y se adoptaron medidas para agilizar la transmisión de las incidencias.
También advirtieron de los fallos las Audiencias provinciales
De los fallos en las pulseras advirtieron también en marzo las Audiencias provinciales, que en las conclusiones de unas jornadas celebradas en Las Palmas alertaron de «fallos técnicos» en los dispositivos por «localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados».
Los presidentes de las Audiencias provinciales pidieron corregir las disfunciones para evitar la desprotección de las víctimas, así como aumentar la plantilla de técnicos del centro Cometa ante las dilaciones para colocar las pulseras desde que estas se imponían a través de una resolución judicial.
Además, el Observatorio realizó en febrero y marzo una encuesta a los titulares de los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer y prevé informar de los resultados en su próximo plenario, que se celebrará previsiblemente en octubre.
En la carta enviada, la presidenta del Observatorio recuerda que las incidencias en las pulseras deben comunicarse al servicio competente de su gestión, que no son ni los juzgados y tribunales ni el CGPJ, aunque por su parte trasladan los problemas que les llegan a los «organismos competentes» para garantizar que se cumplen las órdenes de alejamiento.
La alerta de la Fiscalía
Estos avisos han trascendido tras la polémica abierta después de que la Fiscalía General del Estado aludiese, en su memoria de 2024, a una incidencia en la gestión de los datos de ubicación de los agresores, que impidió a algunos juzgados analizar quebrantamientos de penas de alejamiento, por no disponer de los datos anteriores a marzo de 2024.
Estos problemas, detectados tras cambiar el operador adjudicatario del servicio de pulseras (de Telefónica a Vodafone), condujeron a sobreseimientos temporales en algunos casos y a algunas absoluciones, según se señalaba en la Memoria.
Fiscalía y el ministerio dicen que el problema se solucionó
Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Igualdad han asegurado que este problema se solucionó a finales de 2024 y solo afectó a algunos procedimientos judiciales -la mayoría de los cuales ya se han reabierto-, pero que los dispositivos de control de localización funcionaron perfectamente en todo momento, por lo que las víctimas nunca quedaron desprotegidas.
Partidos de la oposición y aliados como el socio de Gobierno, Sumar, han pedido que se investigue lo ocurrido.
Las pulseras que controlan la ubicación de los condenados por violencia machista se emplean en España desde 2009 y ninguna víctima protegida con este sistema ha sido asesinada.
