Madrid (EFE).- La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha decidido personarse como perjudicada en la causa en la que el juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por distintos delitos en relación a su actividad al frente de una cátedra de la institución.
En un escrito aportado al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, la representación legal de la universidad solicita su personación en concepto de perjudicada, «para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño».
Por el daño causado a la institución
Lo hace tras la autorización del rector de la Complutense, Joaquín Goyache -que estuvo investigado en esta causa-, quien ha decidido ejercer «acciones civiles de reparación del daño presuntamente causado» a la Universidad, «considerando que los hechos objeto de investigación (…) pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses» de la institución.
La Fiscalía y las defensas han manifestado en sus sucesivos escritos que a lo largo de la causa no se ha precisado ese perjuicio económico.
El juez Peinado citó este lunes a la Universidad a la vista en la que se concretó la imputación contra Begoña Gómez y los otros dos investigados -su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés- después de decidir que, en el caso de que llegue a juicio, estos hechos también sean juzgados por un jurado popular.
En esta pieza principal el juez investiga si Gómez influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, incluido el patrocinio empresarial de un ‘software’ para la misma.
Consideró entonces el magistrado que debe considerarse a la universidad perjudicada del presunto delito de apropiación indebida del citado ‘software’.
En la mencionada vista, la Fiscalía y las defensas pidieron el archivo, y las acusaciones populares solicitaron la testifical del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un careo entre el rector de la UCM, Joaquín Goyachez, y el exvicerrector de Relaciones Institucional, Juan Carlos Doadrio.
El juez investiga en esta rama principal presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, intrusismo y apropiación indebida, mientras que la pieza separada se centra en una presunta malversación. Peinado cree que hay base para que ambas sean juzgadas por un jurado popular.
La asesora de Begoña Gómez apela a su «labor de mensajera»
La defensa de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa ha asegurado que su intervención en relación con la cátedra que la mujer del presidente del Gobierno codirigía en la Universidad Complutense era de «mera mensajera» y «solo para cuestiones de trámite», lo que aleja cualquier sospecha de tráfico de influencias.
Con este y otros argumentos, el abogado de Cristina Álvarez solicita el archivo de la causa principal que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra ella, Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés, y que el magistrado ha decidido que, en caso de que llegue a juicio, sea enjuiciada por un jurado popular.
En paralelo a reclamar el archivo en la vista que se celebró este lunes, el abogado ha presentado un escrito en el que justifica esta petición y reclama además que se deje sin efecto la tramitación de la causa por el procedimiento del tribunal del jurado y que se impongan costas a la acusación popular que dirige Hazte Oír por «evidente temeridad y mala fe».
En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, la defensa alude a los 121 correos que Cristina Álvarez se intercambió con el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Doadrio y que fundamentaron uno de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
