Madrid (EFE).- El Gobierno inicia este martes el proceso de modificación de la Constitución para incluir el derecho al aborto, una reforma constitucional que exigirá mayorías cualificadas en el Congreso y en el Senado, y por tanto el apoyo del PP resulta indispensable.
El Consejo de Ministros ha optado por introducir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el capítulo tercero de la Constitución, que aborda los principios rectores de la política social y económica. En concreto, en el artículo 43 que reconoce el derecho a la protección de la salud.
Esto significa que el derecho al aborto no se concibe como un derecho fundamental y, por tanto, la reforma constitucional para reconocerlo será ordinaria y no agravada.
Pasos para una reforma ordinaria de la Constitución
Primero, que el Gobierno apruebe un proyecto de ley o bien que el Senado o el Congreso impulsen una proposición de ley. En este caso, es el Ejecutivo el que da ese paso en Consejo de Ministros.
Una vez en la Cámara Baja, su aprobación exigirá el apoyo de tres quintos, esto es, el apoyo de al menos 210 diputados. Con la aritmética parlamentaria actual, sería necesario el respaldo del PP para que salga adelante.
Si el Congreso aprobara el texto, tendría que viajar al Senado, donde caben dos opciones: que se apruebe sin modificaciones con tres quintos de la Cámara o bien que se introduzcan cambios. De ser así, habría que constituir una Comisión Mixta para que Congreso y Senado acordaran un texto común.
Ese texto común tendrían que ratificarlo los tres quintos de las dos Cámaras o bien la mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso, 234 diputados.
Podría haber un referéndum
Llegados a este punto, se abre un plazo de 15 días durante el que el 10 % de diputados o de senadores pueden solicitar que el texto sea votado en referéndum.
Si el Gobierno hubiera optado por considerar el aborto un derecho fundamental, la reforma constitucional hubiera sido agravada, esto es, exigiría una mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado y seguidamente la disolución inmediata de las Cortes y convocatoria de elecciones.
Las Cámaras elegidas tendrían que ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que volvería a exigir la mayoría de dos tercios de Congreso y Senado. Y después, un referéndum.
Tanto PP como Vox han avanzado que no apoyarán esta reforma, con lo cual tiene pocos visos de prosperar.
