San Fernando de Henares (Madrid) (EFE).- El líder de la trama de corrupción Gürtel relacionada con el PP, el empresario Francisco Correa, ha reconocido en el juicio que desde que creó en 1999 su entramado «nunca» pagó impuestos ni hizo la declaración de la renta en España, y que movió el dinero en otros territorios como Suiza, Miami e Islas Caimán.
Correa ha manifestado que pagó 300.000 euros «a una señora», la también acusada Carmen L.H., que le dijo que tenía unas «relaciones excelentes» para que le gestionara la residencia en Panamá y evitar tributar en España después de que se practicara un registro en el despacho de su asesor fiscal el también acusado José Ramón Blanco Balín.
«Pero no conseguí abrir una cuenta en Panamá porque el juez Garzón me detuvo», ha añadido Correa, que además ha dicho que Carmen L.H. le estafó porque le dio el dinero y no le consiguió la residencia.
Fue ella -ha explicado- la que le ofreció solucionar ese problema de la residencia y, de hecho, Correa se fue a vivir a ese país unos meses. Carmen L.H. le fue «dando largas» y no se la consiguió. «Fue una auténtica estafa y una tomadura de pelo», ha aseverado.
Correa se enfadó -«me enfado todos los días; tengo muy mal carácter», ha reconocido-, pero no denunció a esta mujer panameña.
El líder de la trama ha dicho que desconocía las declaraciones de Carmen L.H., pero que en cualquier caso y en lo que se refería al expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar, no pudo decirla que fuera su amigo porque no lo era.
«Yo no era amigo de Aznar. Le conocía porque yo trabajaba para el PP, pero no era mi amigo, aunque fui a la boda de su hija», ha recalcado Correa.
«No tenía dinero en España»
Francisco Correa ha recordado que no tenía dinero en España y que daba órdenes al gestor de sus cuentas en Suiza, Arturo Fasana, para que realizara transferencias a entidades de Miami (Estados Unidos) o de Islas Caimán, aunque ha aclarado: «No todo mi dinero procedía de actividades ilícitas».
La idea de poner a su primo Antoine Sánchez, también acusado, como testaferro de sus sociedades fue de Ramón Blanco Balín pero «se quedó en una mera firma», ha indicado Correa, que durante el interrogatorio de la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell ha asegurado: «Quiero dejar claro que quiero ayudar».
La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio a 25 acusados en la pieza principal del caso Gürtel, seguida por los delitos de fraude fiscal y de blanqueo del dinero, veinte de los cuales han reconocido los hechos para ver rebajada la pena que se les pueda imponer, entre ellos los cabecillas, Correa y su número 2 y exsecretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo.
Se trata del último juicio del caso Gürtel, en el que se enjuician delitos contra Hacienda y de blanqueo de capitales logrados por el entramado corrupto a través de sobornos a cargos del PP en ayuntamientos y comunidades autónomas para conseguir adjudicaciones de contratos entre 1998 y 2009.
Tras años en prisión por condenas en otras piezas de Gürtel los principales acusados del caso, entre ellos Correa y Crespo, disfrutan desde hace tiempo del tercer grado penitenciario tras cumplir la mitad de su condena.
La mayoría de los acusados pacta con la fiscalía
Según la Fiscalía, los acusados dejaron de ingresar más de 2.600.000 euros por el IVA y el impuesto de sociedades entre 2003 y 2007, y además Correa percibió al menos 30.945.506 euros por su intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que ocultó a través de una compleja estructura societaria y financiera.
También han confesado para ver reducida su condena el considerado ‘contable’ del entramado, José Luis Izquierdo; la administradora, Isabel Jordán, los asesores Luis de Miguel y José Ramón Blanco Balín, supuestamente encargados de las gestiones financieras de la evasión de capitales y fiscales y siete empleados del mismo.
Además, cuatro empresarios, entre ellos José Luis Ulibarri, dedicado al sector de la construcción y medios de comunicación en Castilla y León, y tres acusados de actuar como testaferros de la trama de Correa.
También lo han ratificado los empresarios Ulibarri, José Luis Cortés y Santiago Lago, así como los empleados de empresas de la trama Pablo C., Inmaculada M., Alicia M., Pablo Ignacio G., Carlos Ignacio H., Eduardo J. y Javier N., quien ha dicho: «Lamento lo sucedido y reconozco el daño causado». E igualmente dos acusados de ser testaferros.
