Madrid (EFE).- El presunto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo en el que asegura que el exministro José Luis Ábalos pagó 20.000 euros en ‘b’ para la compra de un local en Valencia en plena pandemia, una operación que refleja el último informe de la UCO.
En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el empresario explica que el precio del inmueble era de 110.000 euros pero que unos meses antes su secretaria modificó el contrato a 90.000 euros.
Aportación de contratos y correos
Aldama ha aportado contratos y correos para demostrar que se modificó el contrato «original», que la UCO halló en su domicilio, para reducir la adquisición con el fin de «hacerlo coincidir con el precio finalmente reflejado en la escritura pública de compraventa».
«Ahí está el contrato. He cambiado otra cosa respecto al original. Si quieres te cuento cuando lo leas», le escribió su secretaria en un correo electrónico en abril de 2020, tres meses antes de la compra.
Dice la defensa que «pese a la evidencia encontrada en el dispositivo electrónico perteneciente a Aldama, que reflejaba un precio de 110.000 euros, lo cierto es que la compraventa fue formalizada ante notario el 8 de julio de 2020 por un importe de 90.000 euros, esto es 20.000 euros menos».
En su opinión, «el meritado documento no solo acredita la intervención de mi mandante y de personal a su cargo en la confección de las distintas versiones de dicho contrato, pese a que el mismo, no intervenía formalmente en la meritada operación inmobiliaria».
Y añade que «la razón de la modificación del contrato no fue otra que la de adaptar el texto a la cantidad por la que se otorgaría la escritura pública de compraventa, y no dejar constancia de los pagos realizados en efectivo al vendedor, siendo el precio real notoriamente superior».
Ábalos niega las acusaciones
El exministro ha negado estas afirmaciones en una publicación en redes sociales en respuesta a un documentado que avanzó El Español. «Desconozco de dónde saca Aldama tantos documentos sin firmar pero lo que sí sé es que este no aporta nada» y que su defensa «llega tarde».
«Sobre este contrato de compraventa ya di cuenta documental al juez instructor del Tribunal Supremo junto con otros treinta y seis documentos con sus correspondientes aclaraciones recogidas en el contrainforme que presenté a ese tribunal el 11 de abril de 2025. Les invito a que lean las páginas 10, 11 y 12 del referido documento y encontrarán que mi contrato de arras sí está firmado», explica.
Reacciones
Por su parte, el Gobierno ha calificado de «ficción» las palabras del presunto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, en las que asegura que existe financiación ilegal en el PSOE.
A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha calificado así las declaraciones de Aldama en las que aseguraba que existe financiación ilegal en el PSOE, que se llevó al partido entre 1,5 y 2 millones de euros, y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba al tanto de todo esto.
En cuanto a la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de citar a declarar como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y a una trabajadora de la Secretaría de Organización de este partido el próximo 29 de octubre, la portavoz del Ejecutivo ha asegurado que no existe preocupación en el Gobierno.
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que cada vez es más «evidente» que la financiación irregular está sobrevolando las cabezas del Partido Socialista.
