Madrid (EFE).- La filtración de un correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía que éste había defraudado dinero a Hacienda sienta a partir de este lunes en el banquillo por primera vez en la historia a un fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.
El Tribunal Supremo juzgará durante dos semanas si García Ortiz incurrió en este delito por el que las acusaciones particular y popular -entre las que está la pareja de la presidenta madrileña y una asociación de fiscales- solicitan entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación.
La Fiscalía, de la mano de la teniente fiscal del Supremo, defenderá que no hay delito, pues «ninguna intervención puede atribuirse» a García Ortiz en la divulgación de ese u otros correos, una tesis que también esgrimirán los abogados del Estado que le representan.
Como ocurrió cuando declaró ante el juez, el fiscal general entrará por la puerta principal del Supremo, en su condición de autoridad, y está previsto que en el juicio se siente en estrados, junto a sus abogados, y con toga, informan a EFE fuentes fiscales.
Lo previsible es que una representación de fiscales, entre ellos varios fiscales de Sala, estén presentes en algunas sesiones en apoyo al fiscal general, y también algún miembro de alguna asociación.
Por el Palacio de las Salesas -sede del Supremo- desfilarán hasta cuarenta testigos: políticos, como el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, o la número dos del PSOE-M y antiguo cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera; fiscales, periodistas o los guardias civiles que, también por primera vez en la historia, registraron el despacho del fiscal general por orden del juez.
El polémico correo y las informaciones «inveraces»
El 2 de febrero de 2024 el abogado Carlos Neira envió un correo a un fiscal proponiendo una conformidad que redujese su petición de condena contra Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso. En él, admitía en su nombre que «ciertamente se han cometido dos delitos» fiscales por los que a día de hoy ese empresario está procesado en una causa que ha evolucionado a presunta corrupción en los negocios.
El 13 de marzo el diario El Mundo publicó «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales», cuando en realidad era al revés.
Según el juez instructor, García Ortiz entró en un «frenético intercambio de comunicaciones» con otros fiscales para «ganar el relato», y le atribuye haber filtrado el correo con «información sensible» y privada a la cadena SER.
Una tesis de la que ha discrepado desde el origen la teniente fiscal, que rechaza que García Ortiz filtrase ningún correo con información que «ya era conocida» por otros, y defiende que recabó información de subordinados para difundir una nota de prensa que desmentía noticias «inveraces publicadas» por algunos medios y «responsables públicos».
«Rotundamente no»
No será hasta la recta final del juicio, el 12 de noviembre, cuando el fiscal general tome la palabra. Ante el juez, negó tajante haber filtrado o haber dado orden de divulgar información reservada sobre la pareja de Ayuso -«rotundamente no»- y se mostró «seguro» de que ningún fiscal lo hizo.
La Abogacía del Estado defiende que García Ortiz, en base al Estatuto de la carrera, pidió los correos para informar verazmente, y alude a una campaña «perfectamente orquestada» en la que Miguel Ángel Rodríguez diseñó un «relato alternativo» y trasladó a los medios que era el fiscal quien había ofrecido el pacto a su abogado -y no al revés- y que lo había retirado por «órdenes de arriba».
Rodríguez explicó al juez que, al decir aquello, se basó en una suposición que pudo «intuir, colegir, adivinar».
Más de 200 periodistas de casi 60 medios acreditados
Pese a lo inédito de la cita, el Supremo ha rechazado ofrecer señal en directo, como sí ocurrió en el juicio por el proceso independentista catalán, en 2019. Los más de 200 periodistas de 59 medios acreditados podrán difundir extractos de la vista, pero no retransmitirla ni en directo ni en diferido.Diez cadenas de radio, dieciséis de televisión, ocho periódicos y diecinueve digitales, además de las agencias, integran la plantilla de medios acreditados, todos nacionales salvo France Press y Reuters, y podrán seguir el juicio desde tres espacios habilitados, según fuentes del Supremo.
Además, en el interior de la Sala de lo Penal, escenario del juicio, podrán presenciar la vista cincuenta personas de público más veinte periodistas.
Siete magistrados -cuatro hombres y tres mujeres- conforman el tribunal, presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.
Al fiscal general lo defenderán los abogados del Estado José Ignacio Ocio y Consuelo Castro -que fue abogada general del Estado-, y en representación de la Fiscalía estarán la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde y el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero.
Participará también como acusación particular el abogado de la pareja de Díaz Ayuso, y como populares, dos letrados del Colegio de la Abogacía de Madrid, uno de Fundación Foro Libertad y Alternativa (que agrupa a Vox y Hazte Oír), dos de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y uno del autodenominado sindicato Manos Limpias.
