Madrid (EFE).- Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, ha acusado este martes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de «matarle públicamente», porque, tras la publicación de la información sobre el pacto que ofreció su abogado al fiscal, se convirtió en «el delincuente confeso del Reino de España».
En su declaración como testigo en el juicio que acoge el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, este empresario, que es acusación particular en este proceso, ha denunciado que sigue «siendo por parte de la Fiscalía el delincuente confeso» y que ha dejado de ser un «ciudadano normal».
«Yo estoy enviado a un juicio oral donde voy a ser condenado. No tengo duda alguna», ha añadido González Amador, procesado por un fraude de 350.951 euros a Hacienda presuntamente mediante facturas falsas tras una inspección de la Agencia Tributaria que arrancó en 2022, y también investigado por corrupción en los negocios por sus relaciones comerciales con Quirón Prevención.
El empresario, que receló de si aquella inspección se debía a su relación con Díaz Ayuso, ha señalado que, con la nota de prensa que dio la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 y la filtración de un correo en el que su abogado reconocía en su nombre dos delitos, se rompió su presunción de inocencia, y desde entonces el Gobierno comenzó a llamarle «delincuente confeso».
Aquella nota de prensa aclaraba lo sucedido tras informaciones contradictorias publicadas un día antes, el 13 de marzo, algunas de las cuales apuntaban que había sido la Fiscalía quien había ofrecido un pacto al abogado de González Amador, cuando había sido al revés, y que lo había retirado «por órdenes de arriba».
Una idea que difundió el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, a periodistas, según ha explicado él mismo al tribunal esta tarde, por una «deducción lógica», porque la Fiscalía es un órgano jerárquico.
Y lo hizo pese a que González Amador, que le informaba del proceso, le transmitió que su abogado le había garantizado que «sigue todo en curso, todo sigue igual», en relación con el pacto.
Nada de «órdenes de arriba»
Sus abogados, ha indicado el empresario, «nunca» le dijeron nada de «órdenes de arriba», si bien él entendió que era «una valoración política» de Rodríguez.
«Ni entro ni salgo», ha dicho, y más tarde ha indicado que «igual tiene razón, porque a día de hoy no hay pacto ni hay nada».
En un momento de su declaración, ha acusado al fiscal general de llamarle «delincuente confeso con esa nota de prensa», si bien más tarde a preguntas de la Fiscalía ha precisado que no recuerda si la nota lo decía.
Su abogado le explicó que el pacto implicaba admitir el fraude
Desde el inicio, González Amador ha asegurado que ni supo ni autorizó a su abogado enviar el correo del 2 de febrero en el que reconocía en su nombre dos delitos, en busca de una rebaja en su petición de condena: «Jamás», ha dicho, que participase en ningún correo ni supiera de su existencia.
Sí que ha asegurado que, cuando Hacienda remitió a la Fiscalía los indicios del fraude, les dijo a sus abogados que optasen por un camino «rápido y sin ruido», que, según su defensa, era la conformidad.
Aunque ha entrado en alguna contradicción acerca de lo que era e implicaba esa conformidad, a preguntas de la Fiscalía, ha explicado que su abogado le advirtió que conllevaba reconocer los hechos e ir al juicio, «una sentencia rápida y a casa», y que implicaba aceptar una multa «mínima».
«Sí, sí», ha respondido más tarde al abogado del Estado ante la pregunta de si implicaba reconocerlo.
No obstante, en su declaración también ha señalado que «fue una sorpresa» cuando la Cadena Ser informó del correo en el que su abogado admitía «de común acuerdo» con él los delitos, porque desconocía el correo y le causó un «enfado» que le hizo llamar a su abogado.
Más tarde, el abogado del Estado ha intentado preguntar si reconocía ese correo como «secreto», al no ser suyo ni haberlo autorizado y al estar juzgándose un delito de revelación de secretos, si bien el tribunal ha declarado la pregunta impertinente.
Rodríguez admite que difundió que el fiscal ofreció pactar antes de que se publicara
Miguel Ángel Rodríguez ha desvelado que difundió al menos a un periodista que el fiscal había «ofrecido negociar» a su pareja antes de que esa información fuese publicada, aunque previamente ha afirmado que lo divulgó tras una noticia de El Mundo y otra de La Sexta.
Rodríguez ha declarado como testigo en el juicio que acoge el Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en la supuesta filtración de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, admitía en nombre de su cliente un fraude a Hacienda en busca de un pacto.
En su declaración, el jefe de gabinete ha explicado al tribunal que él no intervino en los acontecimientos hasta que La Sexta publicó la noticia en la que desmentía una anterior de El Mundo que decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso, cuando era al revés.
Ha indicado que envió un mensaje a un chat de periodistas con el correo del 12 de marzo, que le había enviado González Amador, y un mensaje en el que decía que la Fiscalía había propuesto un pacto, pero que más tarde lo retiró por órdenes de arriba.
Sin embargo, después, la abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, le ha mostrado una conversación que mantuvo antes de las 20.00 del 13 de marzo con un periodista de El País -la publicación de la noticia de El Mundo fue a las 21.29-, en la que Rodríguez decía que «primero, el fiscal le ofreció negociar; después, al fiscal le prohibieron negociar con él. Es todo turbio y feo».
Es más, Rodríguez ha asegurado que venía contando esa teoría «desde hacia días, antes de la filtración de los documentos», pero que él no dio a conocer el email. Eso sí, no ha precisado a cuántos periodistas envió mensajes con esa tesis. «No lo sé».
Un ex alto cargo de Moncloa niega órdenes a Fiscalía para filtrar
El ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés ha negado que diera indicaciones a Fiscalía General del Estado para que filtrase a Moncloa los correos de la causa por fraude fiscal de Alberto González Amador.
En su testifical, Vallés ha rechazado que diera cualquier indicación a Fiscalía General para que le filtrase información.
«Imposible, para nada, nunca hemos tenido relación para nada, es imposible que se produjera algo así y es evidente que esto no ha sido», ha subrayado Vallés, que ha añadido que no tenía el teléfono de nadie de Fiscalía General del Estado.
En su auto de procesamiento, el instructor Ángel Hurtado consideró que la filtración del correo clave se produjo «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno», si bien la Sala anuló esa referencia más tarde al revisar el recurso del fiscal general.
Por tanto, se ha desmarcado de cualquier participación en la filtración dejando claro que «ni un solo periodista de este país, nadie en el transcurso de este periodo» le llamó para preguntarle nada sobre la pareja de Ayuso.
Esto es así, porque el 14 de marzo de 2024, cuando se publica el correo clave del día 2 de febrero, en el que el abogado de la pareja de Ayuso propone el pacto, fue «un día muy intenso» con los presupuestos generales, las elecciones en Cataluña y la votación de la Ley de Amnistía en el Congreso.
Vallés ha dicho también que no envió ninguna consigna política al ex secretario general de PSOE de Madrid Juan Lobato de cara a la sesión en la Asamblea de Madrid en la que iba a pedir la dimisión de Ayuso.
Tan solo, le remitió «cuatro noticias», que no consignas», porque Lobato era, además, senador que daba apoyo al Gobierno y, por tanto, entendía que la cuestión «iba a subir de tono» y para que estuviera «disponible» pues la víspera, el presidente del Gobierno había pedido la dimisión de Ayuso y su misión era «garantizar la unidad del mensaje».
Testifica el fiscal del caso
El fiscal que actualmente investiga a Alberto González Amador ha explicado que los abogados del empresario siguieron buscando un pacto de conformidad tras la presunta filtración del correo que admitía un fraude a Hacienda.
Diego Lucas es el fiscal que relevó a Salto en la causa en la que la pareja de Díaz Ayuso está procesado por un fraude de 350.951 euros a Hacienda e investigado por corrupción en los negocios.
Lucas ha explicado que después de la supuesta filtración que centra el juicio continuaron las negociaciones de conformidad con los abogados de González Amador, incluido el que dirige la principal acusación contra el fiscal general.
Según ha contado, él asumió la causa en abril de 2024 -un mes después de los hechos que se juzgan- y en mayo, cuando la pareja de Ayuso compareció por primera vez en el juzgado, el fiscal preguntó a los letrados si tenían intención de alcanzar un acuerdo.
El abogado Gabriel Rodríguez, acusación particular de este juicio, «se sorprendió» y le preguntó si aún querían llegar a un pacto. «Le dije que sí», ha señalado el fiscal, quien ha asegurado que no ha recibido «ninguna orden» en sentido contrario.
El fiscal relata las comunicaciones con la defensa de Amador
El fiscal ha relatado las comunicaciones -por correo y por llamada- que se cruzó con la defensa de González Amador meses después, que llegaron a materializarse en aceptar cuatro meses de prisión por cada delito fiscal en concurso con falsedad.
Sin embargo, según el fiscal, «la conformidad se frustró porque la acusación popular entendió que era precipitado llegar a una conformidad» y pidió más diligencias.
El fiscal ha destacado que al principio detectó una «voluntad de conformar el asunto» y que González Amador declarase cuanto antes, e incluso los abogados le enviaron correos a él y a la Abogacía del Estado para que procuraran «darle impulso».
El abogado de la pareja de Ayuso, en calidad de acusación, ha tomado la palabra y ha preguntado, en primera persona, si no le indicaron que el procedimiento «estaba roto antes de nacer» a consecuencia de los hechos que centran este juicio.
La jefa de prensa de García Ortiz
Por su parte, la jefa de comunicación de la Fiscalía General ha testificado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete intentaron «sembrar una sombra de sospecha» sobre la Fiscalía al insinuar que había una «especie de confabulación» contra su pareja, Alberto González Amador.
Mar Hedo ha destacado el «punto de inflexión» ocurrido cuando el 12 de marzo de 2024, tras la publicación de la denuncia de la Fiscalía contra González Amador en eldiario.es, «la presidenta madrileña hace unas declaraciones a los medios en el que ya insinúa que hay una confabulación de poderes del Estado para perjudicar a su pareja», y luego publica un mensaje en twitter en el que «señala de forma directa» a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Ya el día 13, Ayuso «vuelve a insistir en esa conjunción de poderes del Estado para perjudicar a su pareja» y «dice todo turbio», por lo que «sigue sembrando esa sombra de sospecha» sobre la Fiscalía y «los medios están tremendamente confusos».
Aquella tarde recibe una llamada de un periodista que le dice que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, está enviando periodistas un mensaje en el que atribuye la voluntad de un pacto a la Fiscalía que se habría frenado por órdenes de arriba. Él, ha explicado Hedo, «entiende que eso se refiere al fiscal general» busca una confirmación.
Esa información le «genera mucha alarma» porque esa sombra de sospecha ya la extiende el jefe de gabinete, quien «está insinuando en que la Fiscalía está tendiendo una trampa a Gonzalez Amador para que pase de inocente a culpable».
Alerta a García Ortiz
En ese momento, explica, entiende que están en otro escenario y por eso, al afectar ya a toda la Fiscalía, llama a García Ortiz para alertarle porque «la fuente es tan potente» que «esta información se va a publicar», como así sucedió minutos después, a las 21:29 horas, con la noticia de El Mundo, que recogía parte del mensaje.
Por ello, el fiscal general le comentó que había convenido con la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que había que redactar una nota de prensa con «información veraz» que recogiera la «preocupación del fiscal general del Estado»: que «quedara claro» que la actuación de la Fiscalía de Madrid «había sido impecable».
Hedo ha destacado que «la confusión en los medios era tremenda» ya que tras la noticia de El Mundo, se publicó otra en La Sexta en sentido contrario.
Ha destacado que «el asunto superaba el ámbito de la Fiscalía de Madrid y ampliaba el foco a la Fiscalía General», de manera que elaboró ella la nota de prensa, con detalles que le iba dando el fiscal general, pero a la mañana siguiente se lo envió al jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid porque era donde se llevaba la investigación a González Amador.
La testigo ha subrayado que, antes de la supuesta filtración que se investiga, la información de la noche El Mundo ya incorporaba en su información uno de los correos entre el abogado y el fiscal; y ya el 12 de marzo, un periodista de El País conocía que había negociaciones de un pacto.
«De repente, los correos estaban en el mercado, si me permite la expresión periodística», ha explicado Hedo, que ha asegurado que no tuvo acceso a esos correos, sino que los detalles se los daba el fiscal general.
Elaboración de la nota de prensa
Ha añadido que fue ella quien aquella noche del 13 de marzo elaboró, con detalles que le daba el fiscal general, la nota de prensa que aclaraba lo ocurrido porque entendían que el asunto «ampliaba el foco a la Fiscalía General».
A la mañana siguiente se la envió a Íñigo Corral, jefe de prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, dado que era donde se llevaba la investigación a González Amador, si bien este no estaba de acuerdo con su publicación, según ha explicado después al tribunal.
«Le dije que me parecía que estábamos haciendo el ridículo dando una nota sobre asuntos que ya estaban publicados», ha explicado Corral, que ha señalado que «ya eran públicos los correos» y él ya no tenía «demanda informativa», y ha subrayado que él no habría hecho la nota así y que estaba en contra.
Corral también ha aludido a las numerosas llamadas de periodistas tanto tras las manifestaciones de Díaz Ayuso contra la Fiscalía como tras la publicación que atribuía el pacto a la institución.
