Madrid (EFE).- Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER que reveló la noche del 13 de marzo de 2024 el correo clave del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que accedió a su contenido seis horas antes que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con quien no habló «en ningún momento».
Su declaración en el Tribunal Supremo se antoja crucial en el juicio que sienta estos días en el banquillo al fiscal general, dado que el juez que investigó el caso acotó la presunta revelación de secretos en la supuesta filtración a este redactor del correo en el que la defensa de la pareja de Díaz Ayuso admitía dos delitos contra Hacienda en busca de un pacto.
Como hizo en instrucción, Miguel Ángel Campos ha dejado este martes claro que vio ese correo seis horas antes que el fiscal general -que lo recibió el 21:59 horas del 13 de marzo- y ha negado que se lo proporcionase García Ortiz.
Una versión similar a la que ha dado otro periodista, el exsubdirector de ‘El País’ y ahora director adjunto de eldiario.es, José Manuel Romero, quien ha asegurado que al mediodía del 12 de marzo supo por «una fuente de toda solvencia de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid» que el abogado había propuesto un pacto al fiscal que conllevaba reconocer los delitos.
Reenvíos del correo clave
Ambos se han acogido al secreto profesional para no revelar sus fuentes, y Miguel Ángel Campos ha llegado a precisar que supo que desde la cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos a la que llegó el correo del abogado se produjeron «reenvíos» de esa comunicación, es decir, que más personas tuvieron acceso a su contenido.
Este periodista ha relatado que el 13 de marzo su fuente le pidió que fuera a su despacho, en la tercera planta de un edificio. Allí llegó a las 15:34 horas y pudo ver el citado correo -no un documento Word-, del que tomó notas.
Sin embargo, minutos después, cuando se dirigía al trabajo de vuelta, esa fuente le pidió que no revelase el correo porque se podía «meter en un lío» dado que no sabía «cuántas personas habían tenido acceso (al mismo)».
Aquella tarde intentó buscar «otra fuente de confirmación» sin decir nada a nadie del correo, para evitar una «voladura controlada».
No lo consiguió y se fue a ver el partido del Atlético de Madrid a un bar, pero recibió una llamada de su trabajo avisándole de la noticia de ‘El Mundo’ que decía que el pacto había salido de la Fiscalía, de modo que se puso a llamar a muchas personas, entre ellas a su fuente y también al fiscal general «para verificar si esa información era cierta o no».
«Le llamé, sí, como estuve llamando a mucha gente aquella noche. Tenía, creo, el mismo móvil, estaba desesperado, necesitaba esa información, pero saltó el buzón de voz», ha explicado.
Por eso, ha dejado claro que «en ningún momento» habló con García Ortiz ni se comunicó con él y ha precisado que con él no ha tenido «nunca una relación personal ni siquiera profesional intensa».
Tras pedir a sus jefes que no publicaran ninguna información citando a ‘El Mundo’, porque «sabía que era falsa, que era un bulo», finalmente su fuente le autorizó poco antes de las 23:00 horas a revelar el contenido del correo tras convencerle «con el argumento de que no había ningún secreto porque el secreto eran las negociaciones». Entró en antena a las 23:25 horas. «Mi noticia revelaba la verdad», ha apuntado.
El aviso del «supuesto secreto» a Fiscalía General
Tras él, José Manuel Romero ha insistido que supo el 12 de marzo de 2024 que era el abogado de Alberto González Amador quien propuso el pacto por una «fuente de toda solvencia de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid» que «nunca» le ha engañado, y con esa información puso a un equipo a trabajar al respecto.
En un tenso interrogatorio del abogado de González Amador, ha rechazado que tuviese acceso al polémico correo, si bien sabía de la propuesta de pacto del abogado y de que el empresario se había prestado a pagar una multa, y ese día preguntaron por ello a su letrado.
Al día siguiente, la tarde del 13 de marzo, avisó a la Fiscalía General del Estado de que el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, le dijo a un redactor que el pacto salía del Ministerio Fiscal.
«Yo soy el que me comunico con la Fiscalía General del Estado a través de su directora de comunicación para contarles, porque ellos no tenían ni idea, de que había un reconocimiento de delito previo», ha aseverado.
El decano de Abogacía de Madrid: No era preciso revelar los correos del novio de Ayuso
Por su parte, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha subrayado en el juicio que la nota de prensa que emitió la Fiscalía sobre el pacto que pidió el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso fue algo «insólito» y ha opinado que no era «preciso» revelar el correo en el que admitía un fraude a Hacienda.
«Nunca habíamos conocido una situación como la que estábamos viviendo que fracturara el derecho de defensa», ha destacado este martes Ribón en su testifical.
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) es una de las seis acusaciones populares del juicio y solicita para García Ortiz una condena de cuatro años de cárcel, tres de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa.
Ribón ha hecho hincapié en la «honda preocupación» que se asentó en el Colegio por lo «insólito» y «lo difícil de creer» que resultaba la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid el 14 de marzo ante informaciones que atribuían la iniciativa del pacto al fiscal y no al abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
Ha precisado que no le consta que el abogado de González Amador solicitase amparo al Colegio tras conocerse su correo, ha subrayado que «no era preciso revelar el contenido literal» de sus conversaciones, que «forma parte del grado más estricto de confidencialidad entre abogado y fiscal».
Ha relatado que el mismo 14 de marzo habló con la fiscal provincial de Madrid, quien le dijo que «se sentía como un sandwich, por arriba y por abajo».
Un día después, ha continuado, se reunió con el fiscal general del Estado y rechazó elaborar un comunicado conjunto para «poner ciertos paños calientes» porque esperaban una investigación y una eventual depuración de responsabilidades.
Poco después, el Colegio adoptó la decisión de «tomar acciones penales por la ruptura de la confidencialidad de las negociaciones» y también se desvinculó del protocolo de conformidades ante el «profundo malestar» por la nota de prensa.
Protección de datos avala el borrado del móvil del fiscal
Por su parte, el delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado, Agustín Hidalgo, ha defendido que los fiscales tienen la «facultad» de destruir los datos de sus dispositivos electrónicos para «prevenir el tratamiento ilícito».
En su testifical, ha explicado que ante «la falta de un protocolo claro de borrado o eliminación de los datos», los fiscales tienen la «facultad» de destruir los datos que contienen sus dispositivos y ha destacado que esta debe de ser la actuación para proteger los datos personales sino existe un protocolo claro, «que me parece que no lo hay».
Al respecto, ha señalado que en la administración de Justicia «todos están tentados en guardar sus magníficos informes, dictámenes, pero eso va contra el principio de limitación del plazo de conservación y afecta a los datos personales» porque la finalidad última es «prevenir el tratamiento ilícito» y eso implica a los dispositivos electrónicos.
En caso de que esos dispositivos almacenen información que sea especialmente sensible, su responsable «debe incrementar ese nivel de seguridad» para «destruir esos datos ante cualquier cosa que pueda ponerlo en riesgo».
Por eso, ha defendido el borrado de datos, como los mensajes y correos que afectaron a la dación de cuentas al fiscal general, como es el caso, «porque si la concreta función (de esos datos) ha concluido lo que ha de hacerse es borrarse».
