Madrid (EFE).- El juicio contra el fiscal general del Estado quedó visto para sentencia este jueves tras una sesión protagonizada por los informes de las acusaciones, que han vinculado la filtración a un plan político contra la pareja de Ayuso, y por una defensa que ha denunciado el «juicio paralelo» contra Álvaro García Ortiz, a quien considera «inocente».
Por su parte, la Fiscalía ha defendido que García Ortiz no cometió un delito de revelación de secretos porque esa información ya había sido proporcionada previamente a varios periodistas y que, en caso de haberlo hecho él, sería «impune» al ser conocida por la prensa.
«Única explicación razonable»
Tanto la acusación particular que ejerce Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, como los abogados de cuatro acusaciones populares han apuntado directamente al fiscal general como la persona que filtró el correo en el que el abogado de este empresario reconocía un fraude a Hacienda para llegar a un pacto.
Para el autodenominado sindicato Manos Limpias, es la «única explicación razonable». Su abogado ha subrayado que «no existe una alternativa» dado que «se ha eliminado todo el rastro de prueba de descargo que podría haber» ante el borrado del móvil del fiscal general.
Antes que él, el letrado de Fundación Foro Libertad y Alternativa ha tachado de «inverosímil» tanto el testimonio de García Ortiz como de dos periodistas que aseguraron haber conocido el correo antes que él, y ha considerado «intrascendente» que supiesen que la iniciativa de la conformidad partiese de la pareja de Díaz Ayuso.
«Lo esencial», para él, es «la difusión del contenido concreto del correo».
También el abogado del Colegio de la Abogacía de Madrid ha considerado que la credibilidad de los periodistas que dicen que tuvieron acceso al correo clave antes que el fiscal general «está puesta en solfa».
La última acusación en intervenir ha sido la del abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) -muy crítica con la labor de García Ortiz al frente del Ministerio Público-, quien ha cuestionado que los periodistas se amparasen en el secreto profesional cuando, ha dicho, el código deontológico les autoriza a revelar las fuentes para evitar que un inocente sea condenado.
La fiscal dice que no hubo delito
En sus conclusiones, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha centrado su informe final en rebatir los indicios recabados no solo por las acusaciones sino por el instructor, destacando, por encima de todo, los testimonios de los periodistas que dijeron tener acceso al correo clave antes que García Ortiz.
Así, ha aludido a «la doctrina del tribunal» para exponer que «cuando una noticia ha sido proporcionada a un periodista ya no hay revelación de secretos y aquí sabemos que muchas personas habían hecho llegar a periodistas -incluido Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso- las noticias de esta causa».
Ha añadido que ante «la hipótesis de que el fiscal general hubiera hecho llegar a la prensa el célebre correo» eso sería «impune» puesto que «la noticia ya era conocida por muchos medios de comunicación».
Prueba de que esos correos ya se conocían, para la teniente fiscal, es que, por un lado, periodistas de El País estaban hablando de la propuesta de conformidad del abogado en el mismo momento en que el fiscal general la recibía en su correo. Lo sabían, ha dicho, «con mucha antelación» a que lo divulgase la Cadena Ser.
La fiscal también ha rebatido a la UCO diciendo que «de ese informe no se desprende ninguna prueba contra el fiscal general» porque los agentes sostuvieron que solo había revelación de secretos si alguien reproducía párrafos del correo mencionando, por ejemplo, la palabra «ciertamente» que introdujo el periodista de la SER, algo que ve «jurídicamente» dudoso.
La defensa denuncia un «auténtico juicio paralelo»
Por su parte, la defensa del fiscal general del Estado ha denunciado que el juicio ha estado «marcado por un contexto mediático excepcional», que ha podido generar «un auténtico juicio paralelo basado en conjeturas» que han afectado a su derecho a la defensa.
«Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario», ha dejado claro el abogado del Estado José Ignacio Ocio en el inicio de su informe final con el que sustentará su petición de absolución del fiscal general del Estado, acusado de filtrar un correo con la admisión de dos delitos por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El abogado del Estado ha apelado a la «serenidad, independencia y objetividad» con la que los magistrados del Tribunal Supremo deben dictar sentencia.
Y de inmediato, como ya hiciera en las cuestiones previas al comienzo del juicio, ha pedido nuevamente la «nulidad» de los registros en la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía Provincial de Madrid, cuyos informes son claves en la causa.
La defensa del fiscal general del Estado ha asegurado que «no hay absolutamente ni una prueba» de que Álvaro García Ortiz filtró u ordenó filtrar el correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso «porque no puede haberla».
«El señor fiscal general del Estado es inocente de todo lo que se está diciendo aquí», ha asegurado el abogado del Estado José Ignacio Ocio durante el informe final con el que fundamenta ante el Tribunal Supremo su petición de absolución de García Ortiz de presunta revelación de secretos.
