Madrid (EFE).- El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de universidades del Gobierno central, al considerar que esta normativa es «arbitraria», ha sido elaborada «sin consenso» y vulnera las competencias autonómicas en materia educativa.
El Consejo de Gobierno tiene previsto recibir este miércoles un informe sobre las acciones legales emprendidas por la Abogacía General regional contra esta norma que, en opinión de la Comunidad de Madrid, «limita injustificadamente la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocida en la Constitución Española».
La gestión de las Comunidades Autónomas
Para el Ejecutivo regional, el Real Decreto 905/2025, que endurece los criterios de creación, reconocimiento y autorización de universidades, va contra la seguridad jurídica y supera el marco de legislación básica que constitucionalmente le corresponde al Estado, dejando «muy poco margen» a las comunidades para regular por su cuenta.
La Comunidad de Madrid sostiene en su recurso que el artículo 27 de la Carta Magna reconoce a las comunidades autónomas la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que el Estado solo debe fijar la normativa básica.
Requisitos «arbitrarios»
Para el Gobierno madrileño, la norma estatal impone requisitos «arbitrarios», como exigir a los nuevos centros universitarios un mínimo de 4.500 estudiantes, una medida que el Ejecutivo autonómico considera que «en ningún caso responde al pretendido interés por incrementar la calidad de las universidades españolas».
Asimismo, según la Administración madrileña, el proyecto ha sido tramitado «con opacidad, sin consulta pública previa y sin contar con las comunidades autónomas».
El Ejecutivo autonómico precisa que el procedimiento para la constitución de nuevas universidades y centros universitarios de la Comunidad de Madrid establece «controles muy rigurosos que garantizan la excelencia de los proyectos aprobados».
Además, asegura, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia en la que está trabajando la Consejería de Educación incorporará mejoras a estos trámites siempre en el marco de las competencias regionales.
El Gobierno contesta
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha negado por su parte que la nueva ley que endurece los criterios para crear nuevas universidades sea arbitraria y vulnere las competencias autonómicas.
Fuentes del Ministerio han señalado que el decreto es «totalmente transparente y se aprobó de acuerdo con el Consejo de Estado» y afirman que se elaboró con criterios que fueron «muy meditados y ponderados» ante la «eclosión» de universidades privadas que en algunos casos no cumplen con criterios mínimos de calidad en la docencia y en la investigación.
Sin embargo, el Ministerio que dirige Diana Morant insiste en que el real decreto «no vulnera competencias autonómicas porque es competencia del Estado definir los principios normativos generales del sistema universitario y velar por la calidad del sistema en su conjunto».
«Tampoco es cierto que limite injustificadamente la libertad de empresa, porque respeta el libre mercado, pero lo regula para asegurar la calidad de un servicio de interés general y para proteger al estudiantado y a la sociedad, de la misma forma que existen regulaciones muy exigentes por ejemplo en sanidad o en el mercado bancario o energético», señalan las mismas fuentes.
