Zaragoza (EFE).- El PSOE de Aragón ha asegurado que el último informe de la UCO sobre el caso Koldo no atribuye conducta delictiva ni indicios de irregularidad a los tres cargos socialistas que aparecen citados, entre ellos el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez-Quero, quien ha expresado su “absoluta estupefacción”.
El partido ha señalado en un comunicado que las informaciones conocidas “no atribuyen ninguna conducta delictiva ni recogen indicios de irregularidad” respecto a las personas citadas (el entonces presidente de Aragón, Javier Lambán, fallecido el pasado agosto, Sánchez-Quero, y el ex director general de Energía y Minas del gobierno autonómico, Alfonso Gómez) y recalca que los datos difundidos hasta el momento tampoco apuntan a “conducta ilícita o impropia”.
Además, expresa su “respeto al trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad y a los procedimientos de investigación que desarrollan”.
“Absolutamente estupefacto”
Por su parte, Sánchez-Quero afirma que se siente “absolutamente estupefacto” por la aparición de referencias a su nombre en el marco de una investigación cuyos contenidos “han sido filtrados a la prensa”.
Asegura que “nunca ha tenido relación alguna con ninguna trama de corrupción” ni ha participado “en actuación irregular alguna” y considera “incomprensible” que se pueda vincular su trayectoria a hechos “totalmente ajenos” a su labor pública.
El presidente de la Diputación insiste en que la institución es “seria, rigurosa y dedicada plenamente al servicio de los ciudadanos”, por lo que cualquier intento de relacionarla con prácticas irregulares supone, a su juicio, “un ataque injustificado” a la labor de la entidad y de sus trabajadores.
Que los hechos se aclaren cuanto antes
Sánchez Quero confía en que los hechos se aclaren cuanto antes y en que cesen las especulaciones que, según advierte, solo generan confusión y perjudican la imagen de las instituciones públicas.
La Guardia Civil alude en su último informe del caso Koldo a contactos de investigados con la entonces presidenta navarra, Uxue Barcos, y Javier Lambán, en 2016 y 2018, respectivamente, para abordar distintos asuntos sobre un proyecto minero adjudicado a Acciona y a otra empresa de la trama.
El informe incluye un diagrama de abril de 2017, circunscrito a la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, con una «clasificación de determinados funcionarios en función de la posible predisposición u oposición a lo que se infiere pudiera ser los intereses de los investigados».
