San Fernando de Henares (Madrid) (EFE).- La Audiencia Nacional ha acordado este lunes juzgar al expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol por videoconferencia desde su domicilio tras ratificar los forenses en una vista previa que su deterioro cognitivo le impide defenderse, por lo que los magistrados han anunciado que podrían revisar esta decisión en cualquier momento del juicio.
Los magistrados de la sección primera de lo Penal han adoptado esta decisión tras una breve deliberación después de escuchar en dicha vista previa al propio Jordi Pujol por videoconferencia desde su domicilio y a los médicos forenses que le han examinado y que han ratificado que no estaba en condiciones de ser juzgado.
El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha preguntado a Pujol si sabía los motivos por los que se encontraba ante la Sala, a lo que el expresidente ha contestado que sí.
Posteriormente, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha preguntado al expresidente catalán si sería capaz de reconocer su firma en un documento, a lo que Pujol ha contestado que no se encuentra bien y que tiene ciertas «dificultades», pero ha afirmado: «Estoy a disposición del tribunal».
Una decisión que podría modificarse
A la vuelta de la deliberación, el presidente del tribunal ha comunicado a Pujol que la Sala había decidido que el juicio se celebre «en su presencia», lo que implica que deberá estar presente en las sesiones de la vista oral, aunque se le permite hacerlo desde su domicilio, por videoconferencia.
No obstante, ha puntualizado que si se produce «cualquier modificación» en su estado de salud, el tribunal decidirá lo que proceda en función de esa circunstancia.
Ha añadido además que en el momento en que tenga que tener una «actuación activa» en el juicio, se determinará exactamente si está en condiciones «de estar o no estar».
La defensa de Jordi Pujol ya anunció en un recurso previo que no iba a recurrir la decisión de la Audiencia Nacional, fuera la que fuera.
La Sala convocó a una comparecencia al expresidente catalán, que la semana pasada estuvo hospitalizado por una neumonía, para resolver si lo exculpa del proceso por demencia sobrevenida, después de que los forenses que lo examinaron por orden de la Audiencia Nacional concluyeran que no está en condiciones de ser juzgado por el deterioro físico y cognitivo que padece.
En su informe, los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCFC) que exploraron al expresidente catalán sostienen que presenta un «diagnóstico de trastorno neurocognitivo 2 de tipo mixto, Alzheimer y vascular».
Ese trastorno provoca en el expresident «un deterioro cognitivo moderado, siendo éste irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz», por lo que los forenses concluyen que no está «en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente».
Las defensas piden la nulidad
Las defensas de la familia Pujol han esgrimido la Operación Cataluña contra el procés y las maniobras del comisario jubilado José Manuel Villarejo y la llamada «policía patriótica» para reclamar al tribunal la nulidad de la causa.
Los abogados de los Pujol han centrado las cuestiones previas del caso en plantear la nulidad de las comisiones rogatorias que la justicia envió a Andorra para obtener información bancaria de la familia, así como de los registros policiales que derivan de ellas, al considerar que se basan en pruebas obtenidas de forma ilegal.
Jaime Campaner y Francesc Sánchez, abogados de Josep y Oriol Pujol respectivamente, han sido los encargados de argumentar ante el tribunal que la policía patriótica fue la que instigó las revelaciones que dieron pie a la causa: desde el pantallazo de las cuentas de la familia que publicó en «El Mundo» el 7 de julio de 2014 hasta la declaración de Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, ante la policía.
Para Campaner, la primera comisión rogatoria que la justicia remitió a Andorra para obtener información bancaria de los Pujol debe ser declarada nula puesto que procedió de un «striptease financiero a la familia Pujol. Es el comienzo del fin de esta causa», ha defendido el abogado.
Los abogados han insistido en el «ilícito» inicio del procedimiento contra la familia Pujol, que se inició en 2012 a raíz de las declaraciones de la expareja del primogénito, instigada por Villarejo y su entorno, primero ante la Policía Nacional y después ante la Audiencia.
«Aquí hay una causa primigenia, la voluntad de pseudopolicías y aparatos del Estado para influir en el procés», ha asegurado el abogado de Oriol Pujol, tras recordar otros episodios que se han vinculado con la llamada Operación Cataluña, como la conversación espiada en el restaurante La Camarga de Barcelona entre la exlíder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez.
También han sacado a relucir los letrados los mensajes de SMS que Victoria Álvarez intercambió con Jorge Moragas, exjefe de gabinete del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy que la animaba a denunciar a Jordi Pujol Ferrusola para «salvar a España», a lo que ella respondió posteriormente: «he hecho lo que me pediste».
Otra prueba que la defensa considera ilegal es la documentación aportada a la Fiscalía por los expropietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) sobre los Pujol en 2017, lo que los abogados consideran una irregularidad equiparable a «caso Falciani».
