París (EFE).- Un misión del Consejo de Europa ha pedido este viernes que se garantice la independencia del fiscal general del Estado y ha manifestado su preocupación por los discursos que «minan» la confianza en instituciones como el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial.
«El respeto a las decisiones judiciales es un principio clave en cualquier democracia», señalan en un comunicado las dos integrantes de la misión encargada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la serbia Elvira Kovács, del Partido Popular Europeo (PPE), y la italiana Valentina Grippo, de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, que estuvieron en España del 12 al 14 de noviembre.
Kovács y Grippo insisten en que «la polarización política no debe obstaculizar el respeto al Estado de derecho, la separación de poderes y una cultura de diálogo institucional constructivo», en una declaración que llega pocos días después de la condena del ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos.
Sin aludir explícitamente a esa sentencia, muestran «preocupación por el riesgo de que, incluso en una democracia plenamente consolidada como la española, un debate público sano se vea secuestrado por discursos que minan la confianza en instituciones clave, especialmente el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial».
«Clima de tensión»
Y eso «en un momento en que la resiliencia democrática es la principal salvaguardia frente a las múltiples amenazas que afronta Europa», añaden las dos miembros de la misión, que dicen tomar nota «de la preocupación por los ataques contra el poder judicial y el clima de tensión que rodea el debate público».
Para estas parlamentarias, España debe «seguir abordando con determinación las cuestiones relacionadas con el Estado de derecho» y eso debe incluir la reforma de la Justicia y del CGPJ que se tendrían que hacer «teniendo en cuenta las recientes recomendaciones de la Comisión de Venecia» del propio Consejo de Europa.
En un dictamen publicado el pasado 13 de octubre, que supuso sobre todo un revés para la posición del Gobierno, la Comisión de Venecia se decanta claramente por que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos únicamente por los jueces, aunque ante el riesgo de politización de esa vía propone varias medidas para evitarlo.
Kovács y Grippo en paralelo destacan «la importancia de garantizar la independencia del fiscal general del Estado y del Ministerio fiscal» y piden la «rápida implementación» de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).
El GRECO también se ha pronunciado repetidamente para que sean los jueces los que elijan solos a los miembros judiciales del CGPJ y para que se garantice la mayor representación del poder judicial para «evitar que las autoridades políticas, como el Parlamento o el Ejecutivo, intervengan en cualquier fase del procedimiento de selección».
Sobre el fiscal general del Estado, este organismo anticorrupción del Consejo de Europa preconiza modificar el modo de selección y la duración de su mandato para intentar evitar cualquier interferencia política porque a su juicio el modelo actual «perjudica la percepción de la autonomía del Ministerio Público en España».
Primera misión de seguimiento a España
Las dos ponentes de la comisión de seguimiento de las obligaciones de España explicaron que durante la visita abordaron temas como el uso del programa espía Pegasus, la aplicación de la Ley de Amnistía por el proceso independentista en Cataluña, las relaciones entre el Gobierno central y esa comunidad autónoma o los derechos de los estudiantes castellanohablantes allí.
También las consecuencias de la ley del ‘sólo sí es sí’, la rebaja de las penas a los delincuentes sexuales y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal.
En Madrid, se reunieron con jueces, parlamentarios y altos cargos del Gobierno, así como con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo y representantes de asociaciones de abogados, magistrados y fiscales, así como de la sociedad civil.
En Barcelona, estuvieron con diputados del Parlamento de Cataluña y con su presidente, Josep Rull, con el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, y con miembros de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), entre otros.
Esa visita fue la primera misión de seguimiento de las obligaciones de España por parte de esta comisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y servirá para la elaboración de un informe en el primer semestre de 2026 que deberá ser objeto de debate y voto en el plenario en un horizonte todavía no fijado.
España no es objeto de seguimiento completo, como ocurre con otros de los países del Consejo de Europa para los que se considera que necesitan una supervisión más estrecha y regular de sus obligaciones.
