Madrid (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Gobierno la posibilidad de «obviar» el requisito de la homologación de títulos extranjeros para las profesiones reguladas de especial necesidad y con una experiencia profesional reconocida, como pueden ser los sanitarios.
Ante el gran número de expedientes acumulados, que a 30 de junio de 2025 ascendían a 80.648 solicitudes de homologación pendientes de resolución, el Tribunal de Cuentas requiere un esfuerzo «decidido» para agilizarlos.
De esta forma se incluye en el Informe de fiscalización ‘¿Es eficaz y transparente el procedimiento de homologación de las enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros?’, que analiza las medidas adoptadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a fin de dotar a las homologaciones agilidad y transparencia en su tramitación.
Se acelera el número de resoluciones
Y es que aunque esta institución ha valorado que el número de resoluciones en el primer semestre de 2025 se ha acelerado al superar por primera vez al de solicitudes registradas, considera insuficiente el procedimiento y mecanismos adoptados, tanto a nivel de recursos humanos como informáticos.
Desde 2024 se produce una entrada de unas 30.000 solicitudes de homologación de títulos de extranjeros cada año, «lo que dificulta reducir la acumulación de expedientes y cumplir el plazo de resolución», señala el informe.
En este sentido, deja la puerta abierta a valorar la extensión del régimen normativo aplicable a los nacionales de la UE y a los solicitantes extracomunitarios y propone al Gobierno agilizar la incorporación de sanitarios y otros profesionales extracomunitarios eliminando la homologación previa en casos de necesidad y experiencia reconocida.
Señala que a los solicitantes extracomunitarios se les podría aplicar el mismo régimen normativo que a los nacionales de la Unión Europea o bien eliminar el requisito de la homologación previa en casos de especial necesidad.
Permitir que, en lugar de pasar primero por el proceso de homologación, se dirijan directamente al departamento ministerial competente para valorar su capacidad para ejercer la profesión.
Esto aplicaría a profesiones reguladas consideradas de especial necesidad, siempre que el solicitante acredite una experiencia profesional formalmente reconocida de entre cinco y quince años en su país de origen.
Esta última opción busca reducir los plazos, ya que se evitarían los dos procedimientos administrativos (homologación y reconocimiento de cualificaciones profesionales).
Agilización de homologaciones
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades había aprobado unos procedimientos para agilizar la homologación de títulos de educación superior extranjeros a los correspondientes títulos universitarios españoles que habilitan para el ejercicio de una profesión regulada en España.
Pero el Tribunal señala que existen deficiencias «estructurales y operativas» en el procedimiento, como las que derivan de una regulación insuficiente en los sistemas de identificación y firma electrónica, o la falta de aprobación y actualización de la lista de profesiones reguladas.
Destaca también la ausencia de manuales integrales, la insuficiencia de los recursos humanos o deficiencias en herramientas informáticas.
«Todo ello tiene como consecuencia el incumplimiento del plazo máximo de seis meses para dictar resolución», recalca.
El Tribunal también critica que haya limitaciones relevantes en el control del cobro de las tasas a consecuencia de las aplicaciones informáticas utilizadas, así como la falta de una contabilidad analítica que permita discriminar los costes directos e indirectos atribuibles a las distintas funciones y servicios relacionados con la homologación.
