Madrid (EFE).- El secretario del Gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, ha asegurado este lunes que el jefe del Consell estuvo permanentemente informado de lo que ocurría el día de la dana y que nadie pidió que acudiera a la reunión del Cecopi.
Cuenca ha hecho estas afirmaciones en su comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la gestión de la crisis derivada de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que varios grupos de la izquierda le han preguntado de diversas formas por qué no acudió a la comida que ese día mantuvo Mazón con la periodista Maribel Vilaplana para «sacarle de los pelos» y llevarlo a la reunión sobre la emergencia.
En un interrogatorio especialmente tenso con los portavoces en la comisión del PSOE, Compromís y ERC, Cuenca se ha remitido en distintas ocasiones a su comparecencia el miércoles pasado ante la jueza que lleva la investigación, ha preferido no contestar a algunas preguntas por considerar que eran «insidias» o no respondían al objeto de la Comisión y ha protestado cuando ha interpretado que se intentaba «socavar su reputación».
«Jamás» a Mazón lo reclamó «nadie» en el Cecopi
Sí ha declarado que «jamás» al entonces presidente Mazón lo reclamó «nadie» en el Cecopi, «la señora Pradas tampoco», y que ni ningún alcalde ni ningún consejero le llamó para pedirlo.
Respecto a la entonces consellera responsable de la Emergencias, hoy imputada, Salomé Pradas, ha dicho no recordar la conversación en la que ella ha indicado que le dijo que no llamara a Mazón y ha añadido que de todas formas sería «lo normal» que en ese caso, puesto que en ese momento tenía dos actos en agenda -previos a la comida-, le hubiera propuesto que le llamara a él y no directamente al president.
Ha manifestado además que «no se puede trasladar la sensación de que el president estuvo desinhibido durante todo el día», porque Mazón dio instrucciones desde primera hora de la mañana y desde las cinco de la tarde «se queda a la espera» de más información y está en comunicación «permanente», ya en esas horas sí, con Salomé Pradas.
El también responsable de Comunicación de la Presidencia de la Generalitat Valenciana ha argumentado que si aquel día los responsables de la emergencia hubieran sabido lo que al final ocurrió habrían actuado de otra manera, «pero nadie sabía nada» como ha indicado que han dicho en sede judicial los directivos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Un president «que está advertido» y un Consell «formalmente avisado»
En su turno de preguntas, la socialista Patricia Blanquer ha criticado especialmente que aquel 29 de octubre había un president «que está advertido» y un Consell «formalmente avisado», y sin embargo, incluso cuando la emergencia escala, «se toma la decisión consciente de no interrumpir la comida», no llevar a Mazón al Cecopi «cuando más hacía falta» y además «delimitar sus comunicaciones en las horas más decisivas».
De manera más gráfica han preguntado por esto mismo al jefe de Gabinete la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Agueda Micó, que le ha preguntado por qué no fue al restaurante El Ventorro a llevarse a Mazón «de un tirón de pelo», o el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero, que no entendía porque en aquel momento no lo cogió «inmediatamente de las orejas».
Más directo aún ha sido en este mismo asunto el diputado de Sumar Nahuel González, que hubiera deseado que Cuenca le hubiera sacado del restaurante «de una patada en el culo o amablemente», y más suave la representante del PNV Idoia Sagastizabal, que también le ha preguntado por qué no fue hasta El Ventorro a llevárselo «prácticamente de la mano».
Por su parte, tanto el diputado del PP César Sánchez como el de Vox Ignacio Gil Lázaro han centrado sus intervenciones en atacar la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, tanto antes de la catástrofe, por no acometer obras hidráulicas, como el día de la dana, por no facilitar más información, como más tarde durante la reconstrucción, en este caso por falta de colaboración con la administración autonómica.
