Madrid (EFE).- El Gobierno reclama volver al consenso parlamentario que consiguió la reforma constitucional del artículo 49 en 2024 para aprobar los cambios de las leyes de dependencia y discapacidad que ya se tramitan en el Congreso de los Diputados.
Declaración institucional
En una declaración institucional que aprueba el Consejo de Ministros este martes por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, el Ejecutivo apela al consenso social que suscita la reforma de esas leyes para que sea aprobada finalmente en el Parlamento.
«Resulta necesario positivizar en estas dos leyes ordinarias su contenido y volver a los consensos parlamentarios de la reforma constitucional de 2024, a fin de que estos postulados sean transformadores y aplicables a una vida digna en la que las personas con discapacidad y sus familias disfruten de todos los derechos humanos», señala el texto.
La declaración, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, señala la necesidad de desplegar los mandatos del artículo 49 de la Constitución, cuya aprobación fue «un éxito de país», en las leyes ordinarias con la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia.
Derecho a una vida autónoma
El Gobierno expresa su compromiso a «materializar plenamente el derecho de las personas con discapacidad a una vida autónoma» a través de esta reforma, que impulsa nuevos servicios para cuidados y apoyos en la vivienda o actualizar el catálogo de servicios y prestaciones y reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para que las personas con discapacidad puedan acceder a apoyos más diversos y con enfoque comunitario.
En este sentido, la reforma de ambas normas permitirá eliminar incompatibilidades entre servicios y prestaciones para garantizar una mayor personalización en la atención a cada persona y otorgar una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación de los apoyos y las necesidades. Esto va a posibilitar, por ejemplo, tener un empleo y un servicio de apoyo, evitando penalizaciones e incentivando el empleo como parte de una vida independiente.
El texto reconoce la accesibilidad universal como un derecho y una obligación de todos los poderes públicos, y menciona obligaciones legales que el Proyecto de Ley incluye para blindar el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad, como la puesta en marcha de ascensores, rampas o dispositivos accesibles en las comunidades de propietarios, medidas que buscan que nadie tenga que abandonar sus casas por no poder salir a la calle.
Asimismo, abre las fórmulas para consolidar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y actuaciones para romper con las brechas machistas y capacitistas que cercenan el derecho a la igualdad, poniendo especial atención en la erradicación y prevención de cualquier tipo de violencia.
