Madrid (EFE).- Un total de 39 jefes de servicio y supervisores de enfermería del Hospital Universitario de Torrejón, un centro público gestionado por la empresa Ribera Salud, han difundido un comunicado en el que expresan que en todo momento han actuado con «responsabilidad», «profesionalidad» y «una ética incuestionable».
Así lo han defendido hoy tras la publicación de una grabación en la que la empresa gestora pedía aumentar las listas de espera del centro para incrementar los beneficios de la empresa.
‘El País’ publicó este jueves la grabación de una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el 25 de septiembre en la que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, ordenó subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.
«En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino», dice Gallart, quien reclama la idea de «hacer iteraciones» o ajustes para «alcanzar un EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de cuatro o cinco millones».
Comunicado
Este jueves, un total de 39 jefes de servicio y supervisores de enfermería han hecho público un comunicado dirigido a los pacientes y la opinión pública señalando que en los catorce años que lleva el hospital en marcha, los profesionales sanitarios «nunca» han adoptado medidas que vulneren el derecho de los pacientes, priorizando siempre la recuperación de la salud, así como su bienestar y el de sus familiares.
El PSOE lleva a la UE el rechazo de pacientes “no rentables”
El eurodiputado socialista José Cepeda ha trasladado a la Comisión Europea una pregunta formal para que el Ejecutivo comunitario analice si el supuesto rechazo de pacientes “no rentables” en el Hospital Universitario de Torrejón vulnera las obligaciones europeas en materia de protección de la salud.
En la misiva, también firmada por la eurodiputada madrileña Hana Jalloul y por los miembros de la comisión de Salud Pública de la Eurocámara Nicolás González Casares y Leire Pajín, los socialistas alertan de que el centro habría impartido instrucciones internas para “aumentar listas de espera, reducir intervenciones y rechazar pacientes o tratamientos considerados ‘no rentables’”, priorizando criterios económicos pese a tratarse de un servicio público financiado por la Comunidad de Madrid.
Los eurodiputados señalan además que cuatro directivos del hospital habrían sido despedidos tras alertar a través del canal ético de los riesgos asistenciales derivados de estas órdenes y de la posible vulneración de derechos de los pacientes.
En este sentido, piden a la Comisión que se pronuncie sobre si estas prácticas podrían ser incompatibles con la normativa europea de protección de la salud.
