Francisco Tomás |
Madrid (EFE).- La propuesta que la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero presentó el viernes como una nueva financiación autonómica para todos, requiere una mayoría absoluta que está muy lejos de tener garantizada en estos momentos.
El sistema de financiación autonómica, que soporta el coste de la sanidad, la educación y la dependencia, además de otras muchas competencias autonómicas, entre ellas la gestión de emergencias o la justicia gratuita, está regulado por una ley orgánica.
Esto implica que para aprobar el nuevo sistema se requiere una mayoría absoluta en el Congreso.
En la práctica, si el PP o Junts votan en contra de la propuesta, estaríamos hablando de papel mojado. Es más, se requiere el voto a favor de, al menos, uno de los dos.
Un sistema anticuado
El sistema actual se aprobó en una ley de 2009, por lo que no solo está caducado formalmente, ya que estaba prevista una vigencia de cinco años, sino también muy anticuado.
Todos los analistas señalan que las comunidades, cuyo coste y número de las competencias han venido creciendo con el tiempo, tienen recursos insuficientes.
Por eso, lo fundamental del nuevo sistema que propone el Gobierno es aumentar los recursos en manos de las autonomías, ampliando la parte que se quedan del IRPF y del IVA recaudado en cada una de las comunidades respectivamente.
El Gobierno confía en que, aunque no haya gustado a los barones populares que Pedro Sánchez haya llegado a acuerdos bilaterales con los independentistas catalanes, afectando al sistema de todas las autonomías de régimen general, el PP acabe aceptando la propuesta.
Y, así, Montero ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne a los responsables económicos de los ejecutivos autonómicos con la propia ministra, para el próximo miércoles 14. Allí espera compartir detalles del sistema anunciado y escuchar propuestas.
En suma, de la acogida que el miércoles, en el CPFF, logre el sistema propuesto por Montero depende en buena medida la viabilidad de la iniciativa. Si no alcanza al menos una posibilidad de negociación, su viabilidad será muy cuestionable.
Y esto es así porque el apoyo de Junts se presenta también difícil.
El concierto catalán
En este punto, es necesario recordar los pactos de legislatura de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes.
En ellos se recogía la idea de que Cataluña recaudara sus impuestos y acordara con el Estado un pago a cambio de los servicios de todo el país, al estilo del País Vasco y Navarra.
Por definición, País Vasco y Navarra, al estar sujetos a un sistema que se ha denominado concierto o convenio, están fuera del sistema de financiación autonómica de régimen general.
La propuestas de Montero es un cambio en el sistema de financiación autonómica de régimen general. No guarda relación con un «concierto catalán». De hecho, asume la inclusión de Cataluña en el régimen general de financiación autonómica.
A preguntas sobre la cesión de la recaudación del 100 % del IRPF a Cataluña, algo que implicaría la creación de una Agencia Tributaria catalana, la ministra ha reconocido que dicha cesión requeriría un acuerdo sobre el que se sigue trabajando, pero que se presenta con dificultades.
Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso manifestó antes de la rueda de prensa de Montero, que su partido solo apoyará el nuevo modelo si incluye el “concierto catalán”.
