València (EFE).- El subdirector de Emergencias de la Generalitat valenciana, Jorge Suárez, dijo al entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, la noche de la dana, cuando este le preguntó por su opinión técnica sobre cuántos fallecidos habría, que estimaba que habría en torno a 200 o 300 personas.
Esa noche del 29 de octubre de 2024, cuando Suárez se retiró ya sabía que había muchos muertos -finalmente hubo 230- y a las 23 horas se activó el protocolo de múltiples víctimas, según consta en su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la causa penal de la dana, que tuvo lugar el pasado 17 de diciembre en su segunda sesión testifical, a la que ha tenido acceso EFE.
Suárez compareció ese día durante más de cuatro horas ante la instructora y lo hizo por segunda vez, dado que el 4 de diciembre ya declaró durante cerca de ocho horas y fue imposible que todos los letrados personados concluyesen su interrogatorio.
Según declaró Suárez en esta segunda testifical, Mazón le preguntó su opinión técnica sobre cuántos fallecidos habría y él hizo una estimación en torno a 200 o 300 personas. «Pero esa noche, cuando salió a las 20:30 horas sabía que estaban ante un desastre», añade la transcripción de su declaración.
A las 20:30 horas no pensó que no le habían avisado de la crecida los bomberos que estaban vigilando y lo único que tenía en la cabeza es que estaban ante un desastre.
Sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Suárez dijo que no mandó una interpretación de impacto de los datos, llegó un aviso de una cantidad sin ningún análisis junto con cientos de correos. En el Cecopi estaba la autoridad que tenía que dar ese análisis, y en este órgano de coordinación había personas que sabían interpretar la información del caudal de 1.300 m3/segundo, apuntó.
Envío del mensaje Es-Alert
Respecto al envío del mensaje Es-Alert, Suárez explicó que se planteó el debate sobre el confinamiento o no por parte de la entonces consellera Salomé Pradas, investigada en la causa, pero lo que planteaban los técnicos en los borradores era «permanezcan en sus viviendas», lo cual se interpretó como un confinamiento y generó dudas sobre si la dirección del plan tenía capacidad para enviar este mensaje a la población.
Pradas consideraba que no tenía capacidad jurídica para tomar esa decisión y tenía que consultarlo, y Suárez intervino para decir que, de acuerdo con su experiencia, y en el marco de la Comunitat Valenciana y en el marco nacional, la ley de emergencias permite a la autoridad de protección civil adoptar cualquier medida de protección a la población.
La primera vez que mencionó el uso del mecanismo Es-Alert en la reunión del Cecopi fue a las 17:10 horas y cuando volvió a ponerse sobre la mesa utilizar este sistema como aviso a la población fue entre las 17:45 y las 18:10, y no se envió hasta las 20:11.
Pradas buscó el concepto de que fuera un acuerdo general, que todo el mundo estuviera de acuerdo, pero Suárez indica en su declaración como testigo que ese acuerdo no era necesario para mandar el mensaje pues el Cecopi es Centro de coordinación operativa integrada, un órgano cuya función es asesorar, reportar información, tener una integración de diferentes agencias, pero no sustituye nunca a la dirección del plan.
Cualquier medida de alerta a la población de acuerdo con el plan especial corresponde a la dirección del plan, afirmó Suárez en esa testifical.
La jueza rechaza incluir a dos personas fallecidas como víctimas mortales
La jueza de Catarroja que instruye la investigación penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha rechazado, en sendos autos, incluir en la causa a dos personas fallecidas, un hombre y una mujer, como nuevas víctimas mortales de la catástrofe, por lo que la cifra total sigue en 230.
La instructora ha denegado así, en dos autos notificados este miércoles a las partes y hechos púbicos por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, las solicitudes cursadas por los familiares de ambos fallecidos, al entender que no puede establecerse «un nexo causal» entre esas muertes y los hechos objeto de la investigación.
Uno de los familiares pedía la inclusión en la causa de su padre, fallecido el día de dana tras sufrir un dolor en el costado derecho y llamar hasta 82 veces a urgencias sin obtener respuesta, mientras que otra persona aseguraba que su madre falleció «del disgusto» el día después de la dana, tras conocer cómo había quedado su casa de Catarroja.
La magistrada también ha rechazado en un tercer auto la inclusión como víctima en estas diligencias previas de una mujer que había presentado una denuncia en la que refiere que padece lesiones psicológicas.
«Es indudable que la dana produjo un impacto y perjuicio a la denunciante y a sus hijos. Sin embargo, no es factible ni la investigación en este procedimiento penal del delito de omisión del deber de socorro ni de lesiones psicológicas imprudentes como se estableció de forma definitiva en auto de la Audiencia Provincial de 17 de mayo de 2025», responde la instructora a esa petición.
La jueza ha emitido este miércoles otros dos autos y una providencia. En esta última, entre otras cosas, requiere a la Policía Judicial de la Guardia Civil que realice las gestiones necesarias a fin de que la empresa de telefonía o titular de las redes sociales WhatsApp y Telegram (Meta) intente recuperar los mensajes relacionados con la gestión de la emergencia que intercambió el 29 de octubre de 2024 el que fuera jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, con éste y otros cinco cargos públicos.
Respecto a los dos autos, en uno de ellos desestima el recurso de una acusación particular que pidió que la declaración testifical del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebrada el pasado 9 de enero se llevara a cabo de forma presencial y no telemática.
En el otro, la magistrada deniega la petición de otro letrado relativa a la ampliación de un oficio que requería información a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre agentes medioambientales y la vigilancia de ríos y barrancos.
