Madrid (EFE).- El Gobierno ha logrado que la justicia paralice de forma cautelar el cierre del centro de refugiados que el Ejecutivo gestiona en Pozuelo de Alarcón, una clausura que el ayuntamiento de este municipio madrileño ordenó alegando la falta de licencia.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han indicado a EFE este jueves que el Juzgado de lo Contencioso número 16 de Madrid ha aceptado las medidas cautelares pedidas por el Ejecutivo, paralizando así el cierre del centro, que no será clausurado mientras no resuelva el recurso interpuesto, según señalan estas fuentes.
La Alcaldía de Pozuelo de Alarcón, gobernada por el PP, ordenó cerrar este recurso el pasado 31 de julio alegando que el Ejecutivo no disponía de licencia para su actividad después de que trascendiese que se barajaba trasladar a estas instalaciones a unos 400 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias.
La Secretaría de Estado de Migraciones presentó entonces alegaciones y un recurso de reposición, pero el 15 de septiembre el Ayuntamiento declaró su cierre definitivo, por lo que el Ejecutivo acudió a la vía judicial el pasado 17 de noviembre para evitar este final.
Pozuelo recurrirá la paralización
El Ayuntamiento de Pozuelo recurrirá la decisión judicial de paralizar de forma cautelar el cierre del centro de refugiados que el Gobierno gestiona en el municipio, una clausura que el consistorio ordenó alegando la falta de licencia y el «riesgo de hacinamiento» en las instalaciones.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Pozuelo señala que no comparten la decisión del Juzgado.
La Alcaldía de Pozuelo de Alarcón, gobernada por el PP, ordenó cerrar este recurso el pasado 31 de julio alegando que el Ejecutivo no disponía de licencia para su actividad, después de que trascendiese que se barajaba trasladar a estas instalaciones a unos 400 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias.
La Secretaría de Estado de Migraciones presentó entonces alegaciones y un recurso de reposición, pero el 15 de septiembre el Ayuntamiento declaró su cierre definitivo, por lo que el Ejecutivo acudió a la vía judicial el pasado 17 de noviembre para evitar este final.
El Ayuntamiento de Pozuelo ha recalcado que recurrirán la decisión de mantener abierto el centro, que, según han asegurado, solo tiene permiso municipal para 270 camas para alojamientos para alumnos de cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), pero el Ministerio autorizó «más del doble» de las plazas.
