Barcelona (EFE).- El juez de Tarragona que investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por una presunta trama corrupta para beneficiar a empresas gasísticas ha requerido las escrituras sobre su régimen económico matrimonial y las sociedades vinculadas a él y a otros de sus socios de su despacho imputados.
En un auto, avanzado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso EFE, el titular de la plaza número dos del Tribunal de Instancia de Tarragona ha acordado esta y otras diligencias, que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, para contrastar la información del registro mercantil, que cree que podría estar incompleta.
En la causa, que ha estado siete años bajo secreto de sumario, el juez investiga a Montoro y a una treintena de personas, entre ellas socios de su despacho Equipo Económico, acusados de beneficiar a empresas gasísticas propiciando reformas legislativas que les fueran favorables, a cambio de pagos.
En su auto, el juez subraya que, según se desprende de los informes de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, es necesario «contrastar la información» que figura en la causa con la que consta en registros públicos, notarías y bancos.
Documentos solicitados
En concreto, el juez ha requerido a las notarías correspondientes las escrituras de constitución y disolución del régimen económico matrimonial de algunos de los principales investigados, entre ellos Montoro, así como la documentación anexa sobre el inventario de bienes de la sociedad conyugal.
También pide al registro mercantil que aporte las hojas registrales, memorias y cuentas anuales entre los años 2008 y 2025 de la firma Montoro y Asociados, de su despacho Equipo Económico -que el juez sitúa en el epicentro de la presunta red de influencias para favorecer a las gasísticas- y de Global Afteli, que heredó posteriormente su actividad.
Asimismo, ordena recabar de las notarías correspondientes las escrituras de constitución y titularidad de las empresas que se investigan en la causa -entre ellas Equipo Económico y el resto de firmas asociadas a Montoro-, así como las escrituras de adquisición y transmisión de participaciones sociales y de nombramiento del órganos de administración.
A las empresas gasísticas investigadas, el juez les requiere que entreguen los estudios, trabajos y demás documentación que acredite la prestación de servicios, junto con todas las facturas emitidas y documentos que acrediten su pago.
También les reclama documentos sobre las comunicaciones mantenidas entre las empresas gasísticas -o la asociación a la que pertenecen- y los socios o trabajadores de Equipo Económico y Global Afteli, así como con los órganos dependientes del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Tributos y la Dirección General de la Agencia Tributaria.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que prorrogue seis meses la causa, ante la necesidad de practicar nuevas diligencias, entre ellas las que el instructor ya ha acordado.
En la causa, el juez Rubén Rus atribuye a Montoro -que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy- y a una treintena de investigados los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Según el juez, Montoro hizo supuestamente «uso de las potestades» que le correspondían en la iniciativa legislativa de su ministerio, para ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses, a cambio de «importantes desembolsos».
