Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros ha decidido trocear el decreto ómnibus y ha aprobado este martes dos decretos separados, uno con la revalorización de las pensiones y medidas de Seguridad Social y otro con el denominado escudo social, en el que se incluye la moratoria de los desahucios, han informado fuentes del Gobierno.
En un comunicado, Sumar ha advertido de que el PP «ya no tiene excusas para aprobar las pensiones y el resto del Congreso deberá decidir si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables y que ya están en vigor desde la pandemia».
Tras rechazar el PP, Vox y Junts el llamado decreto ómnibus, la decisión que se ha tomado es aprobar un decreto para subir las pensiones, junto a otras medidas relativas a la Seguridad Social; y otro con las ayudas por la dana y los incendios, mejoras en la jubilación para los bomberos y la imposibilidad de desahuciar hasta a 60.000 familias vulnerables y cortarles los suministros básicos.
Posición de Sumar
Sumar no quería que el Gobierno separara la moratoria de los desahucios del resto de medidas escudo social, una de las opciones barajadas.
De haberlo hecho, PP y Junts habría votado en contra de la moratoria, pero el escudo social se votará en su integridad y «la derecha ya no tiene ahora excusas», subraya la formación que lidera en el Gobierno Yolanda Díaz.
Sumar insiste en que no hay derechos de primera o de segunda y que su objetivo es sacar adelante todas las medidas, demostrando que no hay que elegir entre vivienda o pensiones, «que todo es necesario para mejorar la vida de la gente trabajadora de este país».
Comunicado del PNV
En relación con este asunto, el PNV ha hecho público este martes un comunicado en el que asegura que ha logrado que el Gobierno amplíe el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler.
De esta forma quedan exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad.
Aprobada una subida de las pensiones «que se ha puesto en peligro»
La portavoz del Gobierno y ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha asegurado que el Gobierno ha vuelto a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas con una subida que supone unos 50 euros más al mes de media para cada pensionista, «que es lo que se ha puesto en peligro para más de 9,4 millones de españoles».
Una semana después de que el Congreso rechazara el decreto ley que incluía la subida de las pensiones y el escudo social, el Gobierno ha vuelto a aprobar en un nuevo decreto ley la revalorización de las pensiones para 2026, con un alza del 2,7 % con carácter general, que llega al 7 % en el caso de las pensiones mínimas y al 11,4 % para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital.
«El compromiso del Gobierno con la revalorización de las pensiones es inquebrantable», ha afirmado la ministra portavoz en rueda de prensa, en la que ha detallado que la subida puede significar cerca de 130 euros cada mes para las personas que no llegan a la pensión mínima.
Asimismo, ha recordado que la subida ya fue efectiva en el mes de enero para los casi 13 millones de pensiones y prestaciones del sistema público, y que hoy se aprueba de nuevo «para que sea efectiva durante todo el año, blindando el poder adquisitivo de los pensionistas».
«La victoria hoy es de los pensionistas», ha recalcado Saiz cuando se le ha preguntado si separar la subida de las pensiones de medidas más polémicas como la suspensión de los desahucios era una victoria para la oposición.
Congelación de las cotizaciones de los autónomos
La norma incluye la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos, pero ya no contempla la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI), dado que el Gobierno tiene previsto aprobar en breve el decreto que fijará la subida del 3,1 % acordada con los sindicatos para este ejercicio, hasta 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas.
Asimismo, recoge la eliminación de la obligación de que los perceptores de prestaciones por desempleo tengan que presentar la declaración de la renta, la cotización adicional para que bomberos forestales y agentes medioambientales puedan anticipar su jubilación y la prórroga para que médicos de atención primaria, de familia y pediatras puedan compatibilizar el trabajo con el cobro de la pensión.
El decreto ley también contempla la ampliación en diez años del plazo de cancelación de préstamos otorgados a la Seguridad Social, así como la actualización de la cotización por contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
Aprobada una nueva prórroga de desahucios que exime a los arrendadores de una única casa
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo real decreto-ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de este año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que no se aplicará en aquellos casos en los que el arrendador sea propietario de una o dos viviendas.
Según fuentes del Ministerio de Vivienda, el nuevo decreto también refuerza las compensaciones para las personas propietarias, como pedían el PNV y Junts.
Desde Vivienda señalan que el decreto «blinda a las personas vulnerables ante eventuales desahucios en viviendas pertenecientes a fondos buitre o grandes tenedores».
Los servicios sociales buscarán una alternativa
Los propietarios de una o dos viviendas -una en la que viva y otra que alquile- o los dueños en situación de vulnerabilidad no se verán afectados por esta prórroga y corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia para la familia afectada.
La protección a los pequeños propietarios era una exigencia del PNV y Junts para respaldar la convalidación de este decreto en el Congreso, donde fue derogado el pasado 29 de enero por falta de apoyos.
En esa ocasión la moratoria de los desahucios, que afecta a unas 60.000 familias, iba incluida en un decreto «ómnibus» con otras muchas medidas, entre ellas la revalorización de las pensiones.
El nuevo decreto ‘antidesahucios’ que ha aprobado hoy el Gobierno, incluye solo medidas del llamado «escudo social», como la moratoria del corte de suministros a las familias vulnerables y del bono social eléctrico.
Desde Vivienda subrayan que el Gobierno seguirá aportando financiación a las comunidades autónomas para contribuir al desarrollo de los parques de vivienda social y de los recursos de emergencia habitacional que den una respuesta estructural a las situaciones de vulnerabilidad.
También recuerdan que el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 triplica la inversión hasta los 7.000 millones, y que en él hay líneas específicas para la construcción de vivienda social, así como programas de ayudas para colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género.
En cuanto a las compensaciones para las personas propietarias, el Consejo de Ministros dotó la semana pasada con 300 millones de euros línea de avales que creó el pasado diciembre para cubrir a pequeños arrendadores en casos de impago de alquileres.
