Madrid (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado ha pedido al Ministerio del Interior que en un plazo de diez días le dé información sobre los viajes realizados por Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y su asesora, Cristina Álvarez, desde el nombramiento de ésta, en 2018, hasta la actualidad.
Ha pedido que se concreten específicamente los realizados a República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a «la Federación de Repúblicas Rusas» y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice estos datos.
El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha hecho esta petición en un auto dictado el pasado 6 de febrero, al que ha tenido acceso EFE, y en el que también ha vuelto a pedir los correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez desde su cuenta institucional entre 2018 y hasta febrero de 2026, dando también un plazo «improrrogable» de diez días a la Secretaría General de Presidencia.
En su auto, Peinado critica la falta de colaboración de la mujer del presidente del Gobierno, del propio Pedro Sánchez -que se acogió a su dispensa legal a no declarar- y de la asesora Cristina Álvarez y subraya que ni Gómez ni su asistente han hecho entrega voluntaria de sus pasaportes.
Recabar información
Por ello, y con el objetivo de comprobar los viajes que hayan podido realizar conjuntamente y si eran de carácter institucional o privado, Peinado ha pedido a la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), integrada en la Secretaría de Estado de Seguridad, que recabe esta información de las líneas áreas y se la facilite.
Además, Peinado ha vuelto a pedir los correos electrónicos de Gómez, argumentando que ésta es una medida proporcionada y que lo que sí sería desproporcionado es un registro domiciliaria, respondiendo así al auto de la Audiencia Provincial de Madrid que dejó sin efecto su petición de analizar los correos, al considerar que esta solicitud carecía de la justificación necesaria.
Según el juez «no existe otro medio» para comprobar si este correo corporativo oficial pudo ser destinado a «cuestiones ajenas a su condición de esposa del presidente del Gobierno», a «actividades estrictamente privadas» , cuyas comunicaciones deben realizarse «por medio de una cuenta de correo privada y no una cuenta oficial».
En su auto, apunta que Gómez tiene una condición excepcional porque como esposa del presidente del Gobierno «está dotada de una infraestructura que le permite disfrutar de determinadas prerrogativas, a efectos de disponer de posibilidades de evitar que sus comportamientos requieran de un plus de diligencia por parte de cualquier servidor público» que deba examinar si indicios en sus comportamientos de una conducta de carácter punitivo.
Además, fija un plazo improrrogable de diez días para ambas peticiones, «bajo apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia judicial», tras quejarse de que la «experiencia anterior» es que Presidencia del Gobierno ha dado cumplimiento a sus solicitudes «con un retraso injustificado».
A continuación, la UCO debe analizar esta información, con la que el juez busca esclarecer si hay indicios de un hipotético delito de malversación.
