Murcia (EFE).- La magistrada de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia ha concluido que existen indicios suficientes para atribuir a seis personas, a las que se les imputa un delito de homicidio por imprudencia, los incendios de dos discotecas en Murcia en los que murieron 13 personas.
El auto de la jueza da continuación a los trámites del procedimiento abreviado de estas diligencias por si los hechos -ocurridos en octubre de 2023- fueran constitutivos de trece delitos de homicidio por imprudencia grave y trece delitos de lesiones por imprudencia grave.
No se respetaron las medidas de seguridad
La jueza señala que “existen indicios racionales” de que los hechos investigados podrían ser constitutivos de infracción penal, por lo que acuerda continuar el procedimiento contra los seis investigados: los responsables de las discotecas, el organizador de la fiesta celebrada esa madrugada, el técnico proyectista que intervino en la configuración del local, y el encargado de la introducción y utilización de las máquinas generadoras de “chispas de fuego frío”.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en el relato indiciario que incorpora la instructora se describe que para la celebración de la fiesta en una de las discotecas, ubicadas en el polígono de Las Atalayas (Murcia), se instalaron dos máquinas generadoras de “chispas de fuego frío”, alimentadas con titanio, cuyo sistema alcanzaba temperaturas de hasta 452 grados centígrados y podía proyectar chispas a varios metros de altura.
La resolución recoge que esas máquinas “carecían de número de referencia/serie” y que, conforme a sus propias instrucciones, debían utilizarse respetando determinadas distancias de seguridad.
Sin embargo, indiciariamente, “las chispas que desprendían estuvieron colisionando contra el techo a lo largo de la noche”, hasta que este “comenzó a arder en el punto justo donde chocaban las chispas de fuego frío de titanio”.
El fuego se propagó con rapidez, alcanzando el establecimiento contiguo, y “a trece personas que estaban en la planta primera (…) no les dio tiempo a abandonarla y fallecieron en su interior”, según se recoge en la resolución.
Obras sin licencia
El auto también analiza las obras realizadas años antes en la nave industrial que albergaba ambos establecimientos, y añade que esta fue dividida en dos salas “sin haber obtenido licencia municipal”, modificación que “tuvo relevancia en la propagación del fuego de un establecimiento a otro, así como en sus consecuencias”.
El auto señala que la nueva configuración “indiciariamente no cumplía las exigencias de seguridad contra incendios del Código Técnico de la Edificación” y que esa situación se habría mantenido hasta la fecha de los hechos.
En concreto, la resolución enumera diversas “deficiencias técnicas de compartimentación que favorecieron la propagación y consecuencias del fuego”, entre ellas, la inexistencia de elementos con la resistencia al fuego exigible y la falta de una franja de protección adecuada en la cubierta.
También, la ausencia de puertas cortafuegos en la medianería entre ambos locales y la existencia de conductos de climatización que comunicaban ambos espacios “sin existir compartimentación, posibilitando el paso del fuego de un establecimiento a otro”.
Asimismo, se recoge que en ambas discotecas existían, siempre de forma indiciaria, “elementos constructivos, decorativos y mobiliario cuya resistencia al fuego no se había certificado”.
Víctimas del incendio recurrirán el archivo de la investigación al Ayuntamiento de Murcia
Familiares de las víctimas fallecidas en el incendio de las discotecas de Murcia en octubre de 2023 han anunciado que recurrirán la decisión de la jueza que investiga el caso de archivar las actuaciones contra el ayuntamiento de Murcia.
Así lo ha confirmado a EFE el abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a familiares de varios de los fallecidos en el incendio, quien ha asegurado que las víctimas se sienten “indignadas” por la decisión de la jueza de no investigar a los funcionarios municipales, ya que consideran que la inacción de la administración fue clave en el trágico desenlace del siniestro.
