Madrid (EFE).- La futura ley orgánica de integridad pública, con la que el Gobierno quiere combatir la corrupción, impedirá que un condenado por corrupción pueda acceder a beneficios penitenciarios o a la libertad condicional si no ha devuelto de forma íntegra las cantidades sustraídas, con intereses.
El texto del anteproyecto ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que espera remitirlo como proyecto de ley al Congreso antes de que acabe el primer semestre del año con el objetivo de que vea la luz antes de que concluya la legislatura.
Entre las medidas de la norma que afectan al área de justicia, fuentes del Ejecutivo han apuntado a esa prohibición de beneficios penitenciarios o libertad condicional para quien no haya devuelto lo robado, decisión que ahora está en manos de la administración penitenciaria o del tribunal sentenciador.
Cumplir la pena íntegramente si no se ha devuelto el dinero robado
En la actualidad el juez tiene la facultad discrecional de analizar si el reo no ha pagado porque tiene voluntad de ocultar bienes o por una situación de insolvencia, explican las fuentes. Con la reforma que se quiere impulsar, en el caso de todos los delitos de corrupción la pena se tendrá que cumplir íntegramente si no se han devuelto las cantidades sustraídas.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha explicado este martes que el Gobierno trabaja para vincular estos beneficios a los corruptos a la devolución de los activos robados al erario público al responder en el Senado a una pregunta de la senadora de ERC Laura Castel.
El titular de Justicia ha dicho también que este anteproyecto de ley orgánica comporta además el endurecimiento de las penas contra la corrupción.
La pregunta ha permitido a Bolaños detallar algunos aspectos de la futura norma, que ha definido como una ley «básicamente para luchar contra la corrupción pública y contra la corrupción privada», enmarcada en el plan de acción por la democracia y en el plan de lucha contra la corrupción.
Entre otras medidas contenidas en el anteproyecto, ha destacado el fomento del control y la prevención de los comportamientos que puedan dar lugar a irregularidades y en concreto el uso de herramientas de inteligencia artificial y de tecnología para detectar posibles irregularidades a investigar en los procesos de contratación.
También, facilitar «con mayor potencia» que se recuperen los activos que provienen de la corrupción, fortalecer institucionalmente el entramado del Estado para luchar contra la corrupción a través de una agencia única integral y crear en los tribunales de instancia de secciones especializadas contra la corrupción.
Protección del informante
En su pregunta, la senadora Castel ha lamentado que la autoridad independiente de protección del informante se encuentra «paralizada por falta de efectivos», ya que de los 42 proyectados solo opera con ocho, lo que a su juicio genera «impunidad por incapacidad de respuesta».
Antes de agradecer que la senadora de ERC le haya preguntado sobre medidas contra la corrupción precisamente el día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública, Bolaños ha contestado una pregunta del PP sobre la opacidad del Gobierno.
La ha formulado el senador Alejo Miranda de Larra, que ha cifrado en el 215 % el aumento de las reclamaciones por falta de transparencia, sin aportar fechas ni origen de ese dato, y que también ha apuntado que la opacidad del Gobierno de Pedro Sánchez comienza por sus pactos de investidura.
Así, Miranda ha dicho que los socialistas «se han prostituido por siete votos», en referencia a los diputados de Junts en el Congreso que apoyaron la investidura, y han tenido también «pactos opacos para sacar a Txeroki a la calle».
El PP habla del exjefe de ETA Txeroki
Al exjefe de ETA Garikoitz Azpiazu, alias Txeroki, también le ha nombrado en otra pregunta anterior del control la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien ha echado en cara a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que haya «cumplido solo diecisiete años en prisión», debido a que fue detenido en 2008 y desde este mes está en semilibertad y, aunque duerme en la cárcel, sale durante el día para labores de voluntariado.
Bolaños ha defendido ante Miranda la transparencia del Gobierno, que por ejemplo obligó a publicar el patrimonio de los altos cargos, o que ha demostrado con la pandemia de covid o en el siniestro de Adamuz, y Montero ha asegurado a García que la prórroga presupuestaria «pos supuesto que cumple con la Constitución».
