Madrid (EFE).- El respeto a la proporcionalidad en las urnas, a las instituciones autonómicas y a la Jefatura del Estado son algunas de las condiciones que los populares han incluido en su acuerdo marco de negociación con Vox, en el que piden además que se garantice la estabilidad aprobando los cuatro presupuestos de las legislaturas autonómicas.
Se trata del llamado ‘Documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables de la España autonómica’ que ha hecho público el PP este lunes después de que las direcciones nacionales de los populares y Vox acordaran iniciar un nuevo marco de negociaciones para tratar de llegar a un pacto sobre los nuevos gobiernos autonómicos de Aragón y Extremadura.
Los acuerdos, según el PP, tienen que asegurar la estabilidad institucional que debe concretarse tanto en el compromiso de aprobación de cuatro presupuestos como en el establecimiento de un método de seguimiento que garantice el cumplimiento del pacto.
Un documento en el que el PP incide en su «identidad política propia» y en el que, entre otros asuntos, destaca que España ha perdido el control de su política migratoria con una inmigración irregular de niveles «intolerables» o rechaza «las políticas climáticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria».
En este marco de negociación, que sería de aplicación en toda España, el PP aceptaría ampliar las ofertas con las que concurrió a las citas electorales pero no contradecirlas, lo que significa que no aceptará propuestas «que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de territorio, ideología, lengua, sexo, origen u otra condición», advierte.
Subraya además que el reparto de poder, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo, debe respetar la proporcionalidad que los ciudadanos establezcan en las urnas e insiste en la identidad política propia del PP por lo que, asegura, un acuerdo «no implica acabar siendo lo mismo, ni pretenderlo».
Entre las condiciones que menciona el PP está «el acatamiento del reparto competencial actualmente existente en España».
Rechazo a las políticas migratorias y climáticas de Gobierno
En el documento marco, el PP enumera dieciocho «ámbitos prioritarios de acuerdo» referidos a las competencias autonómicas y que son «las principales preocupaciones de la ciudadanía a día de hoy».
Entre ellos menciona la inmigración irregular que, dice, «ha alcanzado niveles intolerables» que «deterioran la convivencia y los servicios públicos en sus barrios y municipios». «Defendemos que quien venga a trabajar y a respetar nuestras leyes debe ser bienvenido, y que quien cometa delitos graves o haga de la delincuencia su forma de vida debe ser expulsado», añade el documento.
También rechaza «las políticas climáticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria».
Eliminar partidas que no ayuden a frenar la violencia
Entre los dieciocho «ámbitos prioritarios» no hay ninguno específicamente dedicado a la violencia machista que sí se menciona en uno de ellos.
«La condena de toda forma de violencia debe ser inequívoca. Cualquier acuerdo rechazará expresamente las violencias políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase», dice el documento, que propone «prescindir de cualquier partida que se haya demostrado inútil o contradictoria con este objetivo».
Añade que debe promoverse «una solidaridad activa» hacia los más vulnerables haciendo «un ejercicio de distinción entre las personas necesitadas y las aprovechadas» y sin perpetuar un sistema de subsidios «en el que la gente trabaje para sostener a quien haya demostrado que no quiere hacerlo».
En materia de vivienda subraya que «España necesita construir, no intervenir», se compromete a impulsar «un ‘shock’ de oferta» (más suelo, menos burocracia urbanística, plazos más cortos y movilización del suelo público disponible) y respecto a la ocupación ilegal de viviendas propone «desalojo exprés, empadronamiento nulo en viviendas ocupadas y seguridad jurídica plena para propietarios e inquilinos».
Sobre impuestos, el PP insiste en que «los españoles pagan demasiado para lo que reciben» en un «infierno fiscal» que asfixia a los ciudadanos y se compromete a utilizar todas las competencias fiscales autonómicas para bajarlos «sin otro límite que la garantía efectiva de los servicios públicos esenciales».
Además apuesta por reducir la burocracia y «no levantar barreras regulatorias entre comunidades autónomas que fragmenten la unidad de mercado».
