Miriam Mejías |
Madrid (EFE).- Los «elocuentes» resultados de la Fiscalía Europea en España, con 97 investigaciones que afloraron posibles daños de 796,2 millones de euros al presupuesto comunitario en 2025, muestran cómo la institución «gana fuerza» en un momento en el que advierte: hay que ser más eficaces en la detección de fraudes a los fondos postpandemia.
El uso fraudulento de los fondos de Recuperación y Resiliencia, dentro de los conocidos como Next Generation, protagonizó el año pasado 512 investigaciones en toda la Fiscalía Europea (un 21 % más que en 2024). En España, esa cifra también ha crecido (de 4 causas a 21), aunque sigue siendo exigua.
Así lo ve el fiscal europeo Ignacio de Lucas, que en una entrevista telefónica con EFE augura que esa cifra seguirá creciendo el año que viene y apela a las autoridades nacionales a denunciar estos casos ante la Fiscalía Europea, una institución «joven» que empezó a funcionar en 2021, pero que «ofrece resultados» y que en estos años ha ganado «credibilidad» y «eficacia».
«Somos uno de los grandes destinatarios de esos fondos, necesitamos demostrar una responsabilidad en el manejo y en la gestión de los fondos y en la detección del fraude», asevera.
El aumento de las investigaciones de estos fraudes es solo una muestra del «crecimiento absolutamente imparable» de la actividad de la Fiscalía Europea, tanto a nivel global como en España, donde suben los casos (2025 cierra con 97 procedimientos frente a los 75 de 2024) y el daño estimado al presupuesto comunitario (796,2 millones de euros, frente a 464,8), según el informe relativo a 2025 hecho público este lunes.
Cifras que «hablan por sí solas», presume De Lucas, que destaca también la «eficacia» a la hora de llevar los casos a juicio, consciente de que una justicia lenta no se percibe como justicia.
Fiscales al frente de la investigación: un modelo que funciona
En la Fiscalía Europea, en la que participan 24 estados miembros, son los fiscales, y no los jueces, los que investigan y persiguen delitos como fraude, corrupción o malversación contra el dinero comunitario; los llamados jueces de garantías, por su parte, actúan como guardianes de los derechos fundamentales de los implicados.
Un modelo de investigación que muchos Gobiernos de diferentes colores han intentado implantar en España y que protagoniza una de las reformas estrella impulsadas por el Ministerio que dirige Félix Bolaños.
Para Ignacio de Lucas, en el marco de la Fiscalía Europea, es un «modelo que funciona», con un «sistema de garantías» y «contrapesos», y ninguna de las sentencias dictadas hasta ahora ha sembrado dudas sobre él, de manera que, «con los ajustes o las reforma correspondientes», en España también puede funcionar.
A los siete fiscales europeos que trabajan en la delegación en España, pronto se incorporarán dos más. Un refuerzo que, para Ignacio de Lucas, supone un «reconocimiento» del trabajo realizado, aunque ve necesario seguir incrementando los recursos y fortalecer la plantilla de funcionarios.
Desafíos: más denuncias y el foco en las redes criminales
Casi en el ecuador de su etapa como fiscal europeo, Ignacio de Lucas tiene claro que los datos del informe anual demuestran la «eficacia» de esta institución supranacional y «permiten vislumbrar» que no ha alcanzado «la velocidad de crucero».
«Con los recursos necesarios la capacidad de la Fiscalía Europea será mayor», augura, consciente de que «quedan muchísimas cosas por hacer.
Entre los principales «desafíos» está el de aumentar las denuncias que lleguen a la Fiscalía Europea, sobre todo por parte de las autoridades nacionales cuando detecten que hay fondos comunitarios, que dan la competencia para investigar a esta institución.
Mejorar esa cooperación con las autoridades nacionales y estar ‘a la última’ para «ser capaces de detectar los cambios de la delincuencia organizada» engrosan la lista de retos de una Fiscalía Europea que tiene claro que lo que persigue son complejas redes que han encontrado en los fondos europeos un botín que perseguir.
El dinero comunitario es «un nicho de actividad para las organizaciones criminales», que ven que el beneficio que pueden conseguir es «astronómico», explica De Lucas, que resalta la «fuerte presencia» de redes delictivas de «origen chino». En 2025, por ejemplo, la Fiscalía Europea logró el embargo preventivo de más de 70 millones de euros en España.
Y entre los delitos que más gustan a estas redes están los fraudes aduaneros y de IVA: 23 investigaciones en 2025 (casi el doble que el año anterior) han destapado un agujero de 405,6 millones.
Calypso: una operación «emblemática»
Una de las investigaciones más «emblemáticas» fue Calypso, desarrollada en 14 países, incluido España, con más de un centenar de registros, que destapó una organización que introducía productos de China mediante un fraude aduanero y de IVA, con un posible daño a los fondos comunitarios de 800 millones de euros.
Es, para De Lucas, un ejemplo del «músculo», «eficacia» y capacidad de coordinación de la Fiscalía Europea en investigaciones trasnacionales que no podrían abordarse desde una perspectiva nacional.
