València (EFE).- La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana considera que “en este momento no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación» del expresident Carlos Mazón en la causa de la dana.
La fiscalía solicita al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano la devolución del procedimiento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja para que continúe con la investigación, según informa en un comunicado.
La jueza considera que hay indicios de responsabilidad penal contra Mazón
Lo hace en un informe en el que se pronuncia sobre la exposición razonada que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra elevó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunitat Valenciana, en el que la jueza considera que hay indicios de responsabilidad penal contra Mazón por la gestión de la dana.
En su informe, la fiscalía dice que “no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones» o que “puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis» de que el expresident «hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024”, en la que fallecieron 230 personas.
La fiscalía, según el comunicado tras las alegaciones que ha presentado ante el TSJCV, «no descarta una eventual responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat Valenciana» pero considera que “en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación» de Mazón.
Y por ello estima, en consecuencia, que “procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor”, “sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción”.
Este lunes, a las 15:00 horas, finalizaba el plazo dado a las partes por el TSJCV para presentar alegaciones a la exposición razonada de la jueza de Catarroja que pide que se investigue a Mazón por su gestión de la dana, algo que han ido haciendo varias de ellas desde la semana pasada.
La defensa de Pradas pide el sobreseimiento de la causa
Entre esas partes que las han presentado este lunes, la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha planteado al TSJCV que decrete el sobreseimiento libre de la causa penal sobre la gestión de la dana que se investiga en ese juzgado de Catarroja y donde ella figura como imputada, y de forma subsidiaria expone que, de estimarse la existencia de indicios para investigar a Mazón, sea el TSJCV el que asuma «sin más dilación toda la causa».
En el caso del otro imputado en esta causa, la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha solicitado al Tribunal Superior que, en caso de admitir la investigación contra Mazón, se quede con la totalidad de la causa.
La acusación popular que ejerce la Associació Víctimes de la dana 29 de octubre de 2024 ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que no aplique el aforamiento del expresident de la Generalitat y que permita que se le investigue en el juzgado de Catarroja.
Fiscalía: Mazón no tenía competencias en emergencias y no está probado que diera órdenes
La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana asegura que la ley autonómica de Protección civil y gestión de emergencias no atribuye competencias específicas en ambas materias al president de la Generalitat y destaca que no hay certeza de que Carlos Mazón diese instrucciones sobre la emergencia de la dana.
La Fiscalía rebate así dos de los principales argumentos que esgrime la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana en la exposición razonada que remitió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para pedir la imputación de Mazón, que es aforado al ser diputado en Les Corts Valencianes y por tanto no puede ser investigado por un juzgado ordinario.
En su informe presentado este lunes ante el TSJCV, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía añade que esa condición de ‘mando único’ corresponde al titular de la Conselleria de Interior y que el president solo asume esa responsabilidad en situación de emergencia catastrófica, lo cual no se produjo, por lo que la cadena de mando ordinaria permanece inalterada, con la consellera al frente (entonces lo era Salomé Pradas, investigada en la causa).
«El hecho objetivo es que la situación de emergencia catastrófica a nivel autonómico no fue nunca declarada por el señor Mazón, lo que determinó que la cadena de mando ordinaria prevista en la propia Ley 13/2010 de la Comunidad Valenciana permaneciese inalterada», añade el fiscal superior.
