Madrid (EFE).- Una investigación interna de la empresa pública Tragsatec ha corroborado «irregularidades» en el trabajo prestado por Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, con ausencia de fichajes y ha achacado a la «presión» de ADIF la falta de supervisión de su presencia y desempeño en su puesto.
La contratación de Jéssica Rodríguez en esta empresa y en Ineco entre 2019 y 2021 forma parte del juicio que acoge el Tribunal Supremo el próximo 7 de abril y en el que se sentarán en el banquillo el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama.
Porque, aparte de presuntas comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia, el fiscal acusa a Ábalos de valerse de su cargo y su «superioridad jerárquica» para ejercer, a través de Koldo García, «una presión moral eficiente» con el objetivo de «promover la contratación» de su expareja en ambas empresas, pese a que nunca «desempeñó tarea alguna». Cobró, en total, 43.978 euros.
A escasas semanas del juicio, Tragsatec ha remitido al Supremo varios documentos con la investigación interna llevada a cabo en torno a la contratación de Rodríguez por parte de su unidad de cumplimiento.
En su informe, al que ha tenido acceso EFE, la empresa ha detectado «diversas deficiencias» tanto en el proceso de selección de la candidata como en el control de su actividad laboral, «lo que evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y control interno».
Por ejemplo, el estudio habla de «carencias en la supervisión de la presencia y desempeño de la trabajadora en su puesto, gran parte debido a la presión ejercida por el cliente», en referencia a ADIF.
Ninguna incidencia sobre el incumplimiento de funciones
Tragsatec explica que la prestación de los servicios se realizaba en las dependencias de ADIF y era esta entidad quien asignaba las tareas a realizar, sin que haya «evidencia» de que el administrador de infraestructuras ferroviarias haya comunicado ninguna incidencia sobre el incumplimiento de funciones.
Por ello, continúa, «no consta» que en el momento de los hechos Tragsatec supiese «que la trabajadora hubiera dejado de cumplir con sus obligaciones laborales durante el tiempo que estuvo contratada», entre marzo y septiembre de 2021, por el que cobró un total de 9.500,54 euros.
Sí que se identificaron «incidencias» relacionadas con el cumplimiento del registro horario, a través de mecanismos de control interno, «irregularidades» que fueron «advertidas en reiteradas ocasiones», si bien «no consta que se adoptaran medidas correctivas eficaces ni oportunas por parte de los responsables de la unidad».
Tampoco le consta a Tragsatec «documentación que acredite la activación de mecanismos de alerta ni la existencia de comunicaciones formales por parte del cliente en relación con un posible incumplimiento».
Al contrario, subraya: «de las comunicaciones mantenidas entre Tragsatec y el director de proyecto por parte de ADIF se infiere, de manera implícita, que la trabajadora desempeñaba sus tareas con normalidad».
Irregularidades en el proceso de selección de Jéssica Rodríguez
El informe también ve irregularidades en el proceso de selección de Jéssica Rodríguez porque, por ejemplo, no consta la realización de entrevista técnica obligatoria, lo que implica un incumplimiento de la normativa interna de la empresa.
En su declaración como testigo durante el proceso de instrucción de la causa que se juzgará en el Supremo, Jéssica Rodríguez afirmó que no prestó actividad laboral ni en Ineco ni en Tragsatec, ni asistía a su puesto de trabajo.
La que fuese su supervisora en Tragsatec, testificó que en ADIF le dijeron que desde presidencia habían pedido que dejara en paz a la «sobrina» del ministro cuando preguntó por qué no fichaba y que sus jefes le conminaron a que la dejara de «acosar».
Por esta contratación está investigada la que fuese presidenta de ADIF, Ana Pardo de Vera, en la Audiencia Nacional.
