San Fernando de Henares (Madrid) (EFE).- La cúpula de Interior con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy se ha sentado este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, relativo al espionaje al extesorero Luis Bárcenas, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre los principales acusados.
El juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, ha arrancado a las 10.18 horas en la sede de la Audiencia Nacional en el polígono de San Fernando de Henares, donde esta semana está previsto que se centre hasta el jueves en las cuestiones previas que planteen los acusados.
A su llegada al tribunal, los diez acusados en este juicio han declinado hacer declaraciones ante los medios, a excepción del excomisario José Manuel Villarejo, que ha atribuido este caso a una «jugarreta» del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con algunos mandos de la Guardia Civil para «desprestigiar» a la Policía Nacional.
Ataviado con una corbata de la Policía Nacional, Villarejo se ha reivindicado como comisario, aunque ya jubilado, y ha pedido explicaciones sobre la actuación del CNI de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, una de las testigos citadas en este juicio, y ha tildado de «impresentable» al exdirector de dicha institución Félix Sanz Roldán, al tiempo que ha insistido en que los casos en su contra eran «humo».
Fernández Díaz y su número dos
Fernández Díaz y su número dos comparten banquillo con el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha, y el citado Villarejo, dado que este juicio es por una de las numerosas piezas del caso Tándem, la número 7.
Fernández Díaz pide anular los mensajes que motivaron su imputación
La defensa del exministro del Interior durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, ha pedido la nulidad de las actas notariales con los mensajes de WhatsApp que se intercambió con su número dos, Francisco Martínez, y que motivaron su imputación en el caso Kitchen.
Así lo ha expuesto su abogado Jesús Mandri en sus alegaciones. El letrado ha reclamado como cuestión principal que se anule la celebración del juicio al entender que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para juzgar este caso por tratarse, ha dicho, de hechos ajenos al caso Tándem o Villarejo, del que procede.
Ha considerado que la operación Kitchen sería un operativo parapolicial para espiar a Bárcenas y por tanto no tendría nada que ver con un encargo específico al excomisario José Villarejo por parte de un particular al que se le reclama un pago por el proyecto como son las otras piezas del caso Tándem.
El PSOE insiste en que se investigue a Cospedal
El PSOE ha pedido al tribunal anular el juicio para investigar unos audios intervenidos al excomisario José Manuel Villarejo que cree que implicarían a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la trama de espionaje al extesorero Luis Bárcenas, en la que ya estuvo imputada.
Este partido, que ejerce la acusación popular, ha propuesto en el turno de cuestiones previas que se reabra la instrucción del caso Kitchen para poder investigar estos audios que, según la letrada Gloria de Pascual, nunca se han tenido en cuenta porque en su día se incorporaron a otra pieza del caso Villarejo, la número 34, y cuando se le levantó el secreto se pudo comprobar que «nunca» fueron analizados.
El PSOE ha hecho referencia a tres audios denominados MD Cospedal, que muestran que la relación entre la ex secretaria general del PP y Villarejo era continuada, pero también a otro audio de esta dirigente publicado en 2025 por RAC1, que a su juicio implicaría en la operación al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Además de presentar un incidente de nulidad y de pedir que la instrucción del caso se reinicie para investigar la «conexión política», el PSOE ha pedido incluir al PP en el procedimiento como partícipe a título lucrativo o, subsidiariamente, como responsable civil porque considera que fue el «beneficiario último» de la trama porque su interés en paralizar el caso Gürtel era «obvio».
La fiscalía pide penas de cárcel para todos los acusados
Fernández Díaz y Martínez están acusados de dar la orden de espiar al extesorero por medio de este operativo para sustraerle esas posibles pruebas sensibles para el partido, hechos por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel.
Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo.
En total, diez acusados (eran once, pero uno ha sido eximido por enfermedad) de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial para sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido y a algunos de sus dirigentes en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.
Cuestiones previas
Durante los primeros días el tribunal dilucidará sobre las cuestiones previas.
Después, escuchará a testigos como la propia De Cospedal, Mariano Rajoy -quien ya tuvo que testificar en el primer juicio del caso Gürtel cuando aún estaba al frente del Ejecutivo-, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y o el senador del PP Javier Arenas.
Bárcenas declarará el 20 de abril en el juicio junto a su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados y ha pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.
