Madrid (EFE).- El exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos se sienta desde este martes en el banquillo de los acusados junto a su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia de covid, en 2020.
El juicio se celebra en el Tribunal Supremo entre el 7 y el 30 de abril, días en los que Ábalos y su asesor serán conducidos desde la cárcel de Soto del Real, donde permanecen como presos preventivos desde noviembre.
Primeros testigos
El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha iniciado pasadas las 10:15 horas la primera de las 13 sesiones del juicio, que se extenderán hasta el 30 de abril; la de hoy está protagonizada por once testigos, entre ellos el hijo mayor del exministro, Víctor Ábalos; su expareja, Jéssica Rodríguez; y el hermano de Koldo García, Joseba.
Como estaba previsto, los acusados se sientan detrás de sus respectivos abogados. Su turno de declarar no llegará hasta las últimas sesiones del juicio.
Ábalos y Koldo García han sido conducidos desde la cárcel de Soto del Real, donde permanecen en calidad de presos preventivos desde el pasado noviembre por una causa que propició la salida del exministro del PSOE, donde fue secretario de Organización, y la renuncia a su escaño en el Congreso hace unos meses.
Armengol y Torres testifican por escrito
El juicio ha comenzado con la lectura de los informes remitidos por Armengol y Torres en calidad de testigos, un privilegio que había autorizado previamente la Sala en cumplimiento con la ley que les exime de comparecer presencialmente, de responder a un cuestionario de preguntas y de no ser repreguntados.
La letrada de la administración de Justicia ha comenzado leyendo el informe de Armengol, en el que la presidenta de Baleares entre 2015 y 2023 ha asegurado que «desconocía la tramitación de cualquier expediente administrativo» ya que ella «no realiza contrataciones ni transmite instrucciones sobre a quién hay que contratar».
«Mientras he sido presidenta nunca he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones públicas. Incluyo a Soluciones de Gestión», ha explicado la presidenta del Congreso.
Por tanto, «nunca recibí orden o presión para efectuar compra o contrato alguno ni supe de ningún cargo que recibiese órdenes o presiones para que se comprara a determinados proveedores».
Por su parte, Torres ha dicho que se enteró de la tramitación de los expedientes de emergencia de compra de mascarillas cuando en julio de 2020 le contactó Koldo para trasladarle su «preocupación por la falta de respuesta por parte de servicio canario de Salud a la entrega de mascarillas por Soluciones de Gestión».
Tras esa llamada, y «verificar que existían compromisos de cumplimiento entre el servicio canario de Salud y la mercantil», hizo un «seguimiento de expedientes respetando las decisiones que el servicio canario entendía más adecuadas».
Es decir, «únicamente intervine para hacer seguimiento del expediente en un momento posterior a la contratación, cuyas principales decisiones las hizo el servicio canario», por tanto, «no di ninguna orden ni formalice decisión a favor de la mercantil».
El hijo de Ábalos justifica pagos para ayudarle tras su divorcio
Por su parte, Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, ha negado ser el «custodio» del dinero de su padre ni haberle efectuado pagos «en mano ni de ningún tipo», y ha explicado que alguna vez le hizo alguna transferencia para ayudarle económicamente tras su divorcio.
«No soy custodio de nadie», ha repetido varias veces el primogénito del exministro. Sobre Koldo García, ha dicho que le conoce por ser el «asesor y asistente» de su padre, y con Aldama se cruzó un mensaje, pero ha dicho que no tiene «ninguna relación».
Citado ante el Tribunal Supremo para aclarar la situación patrimonial de su padre, Víctor Ábalos ha explicado que tras su divorcio le prestó dinero, incluso llegó a pedir un préstamo personal de 20.000 euros para ello, pero que todo está registrado y «nada» fue «opaco».
El primer juicio de varios
Se trata del primer juicio del caso Koldo -que tiene más piezas en la Audiencia Nacional-, en el que la Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, una pena inferior a los 30 años que solicitan las acusaciones populares que lidera el PP.
El comisionista, Víctor de Aldama, investigado en la Audiencia Nacional por un presunto fraude millonario en el sector de hidrocarburos que le llevó a prisión preventiva poco más de un mes, afronta la menor petición -7 años- al contemplar las acusaciones su colaboración con la Justicia, que fue precisamente lo que le sacó de prisión.
Se les acusa de concertarse para aprovechar los cargos de Ábalos, como ministro y secretario de Organización del PSOE, para beneficiar a empresas promovidas por Aldama, entre otras cuestiones, en dos contratos públicos de mascarillas a cambio de presuntas comisiones ilegales.
Más de un centenar de redactores y unos 20 técnicos de 53 medios de comunicación están acreditados para seguir el juicio: 18 de prensa digital, 13 televisiones, 10 radios, 7 agencias -tres de ellas internacionales-, 7 periódicos y 7 programas televisivos, según fuentes del Supremo.
