Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de la Oficina para el reconocimiento y la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que tramitará las solicitudes de reparación para indemnizar a las víctimas cuyos casos hayan prescrito.
«A partir de mañana, día 15 de abril, todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, podrán acudir al nuevo modelo que hemos creado y que tutela el defensor del Pueblo», ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Reparaciones simbólicas y económicas
Según el protocolo que firmaron el pasado 30 de marzo el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, este mecanismo pionero contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones.
El ministro, que ha recordado que este mecanismo estará vigente un año (prorrogable a un segundo), ha anunciado que van a realizar una campaña informativa en colaboración con todas las asociaciones de víctimas de abusos existentes en España «para que puedan con toda facilidad conocer cuáles son los trámites para acudir a este nuevo modelo».
Ha remarcado que el objetivo es «reparar a todas esas personas que sin duda sufrieron un abuso» y que no pueden acudir a los tribunales porque el delito está prescrito o el victimario fallecido y que «la única vía que tienen de reparación es esta».
«Creo que hacemos justicia y ahora es muy positivo que todas las víctimas de estos abusos conozcan cuál es el procedimiento y a partir de mañana puedan hacerlo efectivo», ha destacado Bolaños, que ha recordado que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán recurrir al nuevo mecanismo mixto.
Cómo solicitar la reparación
La nueva oficina, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, recibirá las solicitudes de reparación a través de su sede electrónica (www.mpr.gob.es), y ofrecerá orientación a las víctimas vía correo electrónico (reparacion.abusosIC@mpr.es) y por teléfono (91 837 22 95).
Las solicitudes recibidas se remitirán a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por especialistas y profesionales independientes, que elaborará la propuesta de reparación. Si las partes la aceptan, será definitiva y la Iglesia deberá darle cumplimiento.
Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas tratará de alcanzar una solución por consenso y si éste no fuera posible, el Defensor del Pueblo «tiene la última palabra y es la Iglesia católica la que responderá económicamente o con cualquier reparación a la que dé lugar el proceso», ha aseverado Bolaños.
«La Iglesia va a pagar porque está comprometida»
Preguntado por si el Gobierno contempla algún tipo de medida en caso de que la Iglesia no abone esas indemnizaciones, Bolaños ha asegurado que hay una «red de garantías mullida» para que la Iglesia repare a las víctimas.
«La Iglesia va a pagar. Primero, porque tiene voluntad de hacerlo; segundo, porque hemos llegado a un acuerdo donde se establece; tercero, porque van a pagar las diócesis o las congregaciones religiosas; y cuarto, en el caso de que no tengan fondos las diócesis o las congregaciones religiosas específicas, son responsables, en última instancia, la Conferencia Episcopal y la Confer», ha zanjado.
El ministro se ha mostrado convencido de que «nunca será el momento de que se formulen» estas cuestiones porque «la Iglesia asumirá los compromisos que por escrito ha firmado».
«Es su voluntad, ellos quieren reparar ese daño, hacer justicia con esas víctimas que durante décadas fueron olvidadas, humilladas, orilladas, que en ocasiones ese dolor fue incluso mayor que el propio abuso, y ahora la Iglesia está comprometida gracias al acuerdo al que ha llegado este Gobierno con ellos», ha concluido.
El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.
Las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.
