Madrid, 30 abr (EFE).- El Congreso ha votado este jueves en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox que piden la devolución del proyecto de ley del Gobierno para reformar la Constitución y blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública, que seguirá por tanto su tramitación parlamentaria.
Todos los grupos han votado en contra de las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, que sólo han logrado los 171 votos a favor de sus diputados y de UPN, frente a los 177 en contra del resto de la Cámara Baja.
Rechazadas las enmiendas del PP y Vox
Al rechazarse las enmiendas a la totalidad de devolución, el texto continúa ahora su tramitación parlamentaria y requerirá una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para ser aprobado.
Con esta reforma, el Gobierno busca garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública en condiciones de igualdad real y efectiva en todo el territorio nacional, ante cualquier regresión y porque, según ha subrayado en el debate la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el 79 % de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20 % en centros públicos, con grandes diferencias entre comunidades autónomas.
Para la derecha, una reforma «ridícula»
PP y Vox han tachado la reforma impulsada por el Gobierno de «demagogia» y «trampantojo» para desviar la atención de la ineficacia de su gestión y de los escándalos que le salpican.
Ambas formaciones han criticado que el Gobierno justifique en «la celeridad» y «la sencillez» que la reforma se realice a través del artículo 43, cuando usa este procedimiento para evitar una vía de reforma agravada, que exige una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
Esto supone un fraude constitucional», ha sostenido la diputada del PP Silvia Franco, que ha explicado que la reforma debería abordarse a través del artículo 15, pero eso conllevaría tener que acudir al procedimiento de revisión reforzado de artículo 168.
Franco ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilice la Constitución «como una herramienta para sus intereses», con una reforma que ha calificado de «desacertada» y de «error político y jurídico».
«Su única finalidad es ser un instrumento para la supervivencia política del señor Sánchez», ha afirmado, al tiempo que ha atribuido el procedimiento de urgencia para encajarlo en «un calendario político a conveniencia del Gobierno».
El diputado de Vox Joaquín Robles ha subrayado que esta reforma no comporta ventaja alguna a las mujeres ni más protección, sino que sus prioridades «son de índole propagandística» ante el «periodo de fracaso electoral que se avecina».
«Es ridícula e innecesaria si evacuamos el interés puramente electoralista», ha afirmado Robles, que ha rechazado que este Gobierno pueda proteger a las mujeres cuando son, ha dicho, sus «enemigos».
Robles ha remarcado que la propuesta entraría en contradicción con los artículos 10 y 15, ya que la materialidad del objeto de la reforma es «el derecho a la vida», además de tratar un asunto sobre el que «no existe ni puede existir consenso, ni siquiera acuerdo» en la sociedad española. «Salvo que crean que su ideología es obligatoria para todo el mundo», ha lamentado.
Vox estaría «de acuerdo» con una ley de supuestos
En su segunda intervención, Robles ha deslizado que desde Vox estarían «de acuerdo» sobre una ley de supuestos, que podrían «discutir».
Ha asegurado que las prácticas abortivas «son más viejas que el hilo negro», al tiempo que ha afirmado que «a veces es mejor regresar un poquito, sobre todo cuando uno está al borde del precipicio».
«Lo que no puede ser es que el aborto sea considerado un método anticonceptivo (…) lo que no puede ser es que ustedes vengan aquí con la demagogia de unir el aborto con el derecho a la salud,», ha expresado.
Los grupos ven «oportunismo político» en la reforma
PP y Vox no han recabado los apoyos de ningún grupo parlamentario -excepto el de UPN- que han criticado que quieran «cercenar» los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, aunque han sido muy críticos con la propuesta del Gobierno por la forma en cómo se ha hecho.
La mayoría han coincidido en que esta reforma «simbólica» responde al «oportunismo político» porque en el Ejecutivo son conscientes de que no saldrá adelante con la composición actual del Parlamento.
«Un Gobierno Sánchez que no tiene mayorías simples para aprobar leyes, ¿cómo quiere hacernos creer que busca mayorías de tres quintas partes para cambiar la Constitución», ha cuestionado la diputada de Junts Pilar Calvo, en tanto que desde el PNV Maribel Vaquero ha opinado que la reforma es un «atajo» que busca la «confrontación política».
Pilar Valluguera (ERC) ha pedido al Gobierno que «no estropeé lo que ya tenemos» porque «poner en riesgo» el derecho al aborto supone una «temeridad política de consecuencias impensables» y, al igual que Podemos, ha pedido que se haga cumplir la legislación actual.
«La ley garantiza que se pueda abortar en todos los hospitales públicos, hagan que se cumpla. Con nosotros aplicaron el 155, hagan algo con las comunidades díscolas con el aborto», ha reclamado la republicana.
Por su parte, Ione Belarra (Unidas Podemos) ha dicho que esta reforma «le da una patada» al derecho al aborto porque supone «sacarlo» del ámbito de los derechos fundamentales «para ubicarlo en el de los principios rectores de la política social y económica, que no son directamente exigibles en el Tribunal Constitucional».
