Madrid (EFE).- El PP y Vox se han unido este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid para exigir al Gobierno de España que el acceso a «todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas», así como a la vivienda protegida y alquiler social, esté inspirado en el principio de ‘prioridad nacional’.
En una proposición no de ley (PNL, no vinculante) apoyada por ambas formaciones, el PP ha avalado por primera vez en la Asamblea de Madrid el término de ‘prioridad nacional’ que Vox incorpora reiteradamente a sus propuestas, y desde el partido de Santiago Abascal se han jactado de que este es el primer parlamento autonómico en aprobar una iniciativa que incluye esta noción.
La formulación de esa ‘prioridad nacional’ validada hoy por la Asamblea es idéntica a la recogida en los pactos entre el PP y Vox en Aragón y Extremadura.
El texto de la PNL aprobada por la Asamblea ha sido escrito por el propio PP, que presentó una enmienda de modificación que sustituye la iniciativa original de Vox, que a su vez ha aceptado esa redacción alternativa.
«Arraigo y vinculación con el territorio»
En el ámbito de las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, la moción exige establecer un «período mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio»; vincular el acceso a «la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema»; y excluir a los migrantes en situación irregular de «prestaciones y servicios sociales estructurales», salvo en supuestos «de urgencia vital».
En cuanto a la vivienda protegida y el alquiler social, el texto apuesta por ligar el acceso a un «arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en el territorio», con un mínimo de 10 años para la compra y cinco para el alquiler, medida que ya recoge el nuevo reglamento de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid actualmente en tramitación.
El PP y Vox también están de acuerdo en reforzar «los criterios de vinculación» que evidencien el arraigo y «relación efectiva y afectiva» del solicitante con el territorio, entre ellos la «trayectoria de cotización y actividad laboral» o la existencia de familiares en el lugar.
Puntos que se dejan fuera de la iniciativa de Vox
El texto aprobado deja fuera varios puntos que sí estaban en la iniciativa original de Vox, como «repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal» o que «erosionan el Estado de bienestar de los españoles; impedir el acceso al sistema sanitario de los inmigrantes en situación irregular salvo en casos urgentes; o derogar el real decreto de universalidad para la atención sanitaria a migrantes.
La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha sostenido que la idea de ‘prioridad nacional’ «no es una extravagancia ni es algo radical, es el regreso al sentido común», y ha avisado a Díaz Ayuso de que «se va a tener que sentar a hablar con Vox».
Para Mónica García Molina (PP) lo «razonable» es hablar de «arraigo real» desde «la legalidad y la racionalidad», y ha reprochado a Vox su insistencia en la noción de ‘prioridad nacional’ cuando ellos mismos «ni tan siquiera saben lo que es» y carecen de «rigor jurídico».
Desde Más Madrid, Samuel Escudero ha definido como «cadáver moral» esta iniciativa, dedicada a «perseguir al más débil», y el socialista Juan José Marcano ha acusado al PP de abandonar el «sentido de Estado» y comportase como «caricatura de los ultras».
