Imagen de archivo de la exmilitante socialista Leire Díez. EFE/ Chema Moya

El juez levanta parcialmente el secreto del sumario del caso Leire

Madrid, 1 jun (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha levantado de forma parcial el secreto de sumario del conocido como caso Leire, que ha derivado en una investigación sobre una presunta trama, supuestamente pagada con fondos del PSOE, para «obstaculizar» procedimientos judiciales que pudieran afectar al partido o al Gobierno.

Unos días después de enviar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, para requerir información, el juez Pedraz ha dictado un auto en el que acuerda alzar parcialmente el secreto.

Banner WhatsApp

Gran parte de las diligencias, ya practicadas

El magistrado explica que ya se han practicado gran parte de las diligencias que motivaron el secreto de la causa, por lo que procede acordar el levantamiento parcial de esta medida, si bien mantiene bajo reserva una pieza del procedimiento durante el plazo de un mes para no perjudicar las diligencias de investigación que están pendientes.

Por otro lado, la letrada de la administración de Justicia ha solicitado a las partes personadas que aporten los datos necesarios para solicitar el acceso a la plataforma Cloud, donde se vuelcan los documentos del procedimiento.

Después, dará traslado al Ministerio de Justicia, que gestiona dicha plataforma, para que a la mayor brevedad posible pueda verificar el alta y acceso a las partes.

Este caso, por el que la exmilitante socialista Leire Díez fue detenida en diciembre, giraba sobre supuestas mordidas en contratos públicos y ha derivado en la investigación a un grupo en el que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tendría un «papel superior» y para el que habría puesto la «estructura» del partido a su disposición, con el fin de desestabilizar causas como las de la mujer o el hermano de Pedro Sánchez.

Los nuevos investigados

Tras ampliar el objeto de la investigación, la semana pasada, el juez incorporó a siete nuevos investigados, como Santos Cerdán, el exvicepresidente andaluz y exdirigente socialista Gaspar Zarrías, la gerente del PSOE Ana María Fuentes y varios abogados, entre otros.

Sospecha Pedraz que Cerdán habría acordado con Díez «remunerarla con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido» (llegó a percibir cuatro pagos), mientras que Zarrías «prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica».

El juez situó como «punto de inflexión» para el inicio de las actividades de la supuesta trama una reunión del 26 de abril de 2024, coincidiendo con los días de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer, y cuantificó «al menos» 22 reuniones en la sede del PSOE, la mayoría entre Santos Cerdán y Leire Díez -la última el 1 de abril de 2025-, y otras 17 fuera.

Leire Díez pide anular la orden de entrada en Ferraz

Leire Díez ha pedido anular la resolución en la que el juez ordenó a la UCO acudir a la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para recabar documentos en su investigación sobre una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afecten al partido o al Gobierno.

En un escrito presentado en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE este lunes, la exmilitante argumenta que, para dictar la mencionada resolución, el juez Santiago Pedraz se basó en información personal que ella pidió expurgar y que excede del periodo comprendido entre 2021-2023, que es en el que en un principio se centraba la causa.

Según sostiene la defensa de la también extrabajadora de las empresa públicas Enusa y Correos, en febrero Díez solicitó expulsar de la causa «cualquier tipo de información» que «corresponda a un periodo temporal distinto de los años 2021-2023», así como toda su información personal o profesional recabada de los documentos o dispositivos electrónicos incautados «que no guarden relación con los hechos investigados en la presente causa».

Unos días después, el juzgado abrió una pieza separada de expurgo y requirió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que presentase los efectos intervenidos en el registro, y se abstuviese de utilizar el contenido de los dispositivos hasta realizar un expurgo.