Madrid (EFE).- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha defendido este viernes la actuación de la institución que lidera en la causa contra su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz: «El Ministerio Fiscal ha actuado con independencia funcional, con sujeción a la legalidad y con pleno respeto a los derechos fundamentales».
Peramato ha comparecido hoy ante la comisión de Justicia en el Senado a petición del PP, para dar explicaciones sobre su política de nombramientos y la «defensa» de García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo.
«No forma parte del Poder Ejecutivo»
En su comparecencia, Peramato ha apuntado que la frase «sanar heridas» que utilizó en su discurso de toma de posesión en el cargo tras la condena a García Ortiz ha sido descontextualizada, y ha aclarado que su expresión significa «reafirmar» los valores de la Fiscalía, «reforzar la unidad interna» y proyectar una institución «serena, profesional y comprometida con el Estado de derecho».
Al inicio de su intervención, Peramato ha subrayado que la configuración legal de la Fiscalía comprende que ésta no esté sometida «a un régimen de control cuasi político» de su actuación por parte de las Cortes Generales.
«El Ministerio fiscal no forma parte del Poder Ejecutivo, no se integra en una relación de confianza parlamentaria ni ejerce funciones de dirección política», ha dejado claro.
Y ha recordado que la Comisión de Venecia advirtió de que el escrutinio parlamentario de las oficinas fiscales «puede implicar un riesgo de politización», así como ser víctima de la «presión populista».
Defiende su política de nombramientos
Además, Teresa Peramato ha defendido la política de nombramientos que ha llevado a cabo desde que tomó posesión del cargo está basada en «el mérito, en la capacidad y adecuación al puesto».
La fiscalización de los nombramientos, ha sostenido, «no puede desbordar el ámbito que le es propio y convertirse en un mecanismo de control externo».
Niega purgas de fiscales díscolos
La fiscal general del Estado ha negado asimismo que haya llevado a cabo ninguna «purga» de fiscales díscolos desde su llegada al cargo, y ha dicho que los cambios que se han producido «están dentro de la normalidad» porque los cargos de fiscal jefe son por cinco años.
Después de las acusaciones de purga por parte de los grupos del PP y de Vox, Peramato ha querido «negar la mayor» durante su turno de réplica: «Todos los cargos de fiscales jefes son por 5 años. Una vez superado ese plazo, los cargos se someten a renovación o a un nuevo nombramiento y esto está dentro de la normalidad», ha apuntado.
Además, Peramato ha exigido «respeto» por la Fiscalía y ha negado que la institución «esté al servicio de una trama criminal», en relación al caso Leire Díez y como habían «insinuado» tanto PP como Vox en sus intervenciones anteriores.
«Hablar de que somos parte o de que participamos en una trama criminal es poner el trabajo diario de los fiscales a los pies de los caballos», ha sostenido.
Las acusaciones del PP y de Vox
Los grupos del PP y Vox en el Senado han acusado a Peramato de «purgar» a los fiscales díscolos, como los que declararon contra su predecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, y de promocionar a otros por «adhesión» política.
Desde el PP, la senadora María José Pardo ha sostenido que la Fiscalía «sigue actuando como abogado defensor del sanchismo», y que Peramato ha acudido a la comisión porque la institución que lidera «abrió las puertas de su sede de par en par a las cloacas del PSOE, a una organización criminal».
Esta organización, ha agregado Pardo en alusión a las cloacas, tenía como fin «destruir a jueces, fiscales y policías» para «desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno».
A criterio del PP, Peramato no ha «sanado heridas» sino que las ha «abierto a bocajarro en una Fiscalía herida de muerte e infestada por el sectarismo sanchista».
Por parte de Vox, la senadora Paloma Gómez ha argumentado que la Fiscalía General del Estado «no puede gestionarse como un órgano de defensa corporativa o de salvaguarda de un sector del Gobierno», y ha agregado que «purga ejecutada en la Fiscalía Superior de Madrid es el ejemplo más evidente de esta política de represalias».
