Madrid (EFE).- Vox defiende este martes, en el último pleno ordinario en este periodo sesiones del Congreso, una proposición no de ley para reivindicar la ‘prioridad nacional’ y exigir «un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio» para acceder a ayudas o a una vivienda pública.
Es uno de los puntos más controvertidos de los acuerdos suscritos con el PP para conformar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y llega al pleno con las negociaciones en Andalucía en marcha.
Los de Santiago Abascal creen que los recursos públicos deben ir «prioritariamente a dar respuesta a las necesidades de los españoles» y piden que, dentro de la legalidad vigente, se priorice en el acceso a todas las ayudas y prestaciones públicas a quienes mantengan un «arraigo real, duradero y verificable con el territorio».
Diez años de empadronamiento
Plantean, por ejemplo, que se exija un «periodo mínimo reforzado» de empadronamiento, que se vinculen las ayudas a la trayectoria de cotización y de contribución al sistemas y que se excluya a quienes se encuentren en situación irregular, salvo en «supuestos de urgencia vital».
Para acceder a la vivienda protegida proponen un mínimo de diez años de empadronamiento en España en el caso de la compra y de cinco años para el alquiler, y que se queden fuera los condenados por delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos cinco años.
La semana pasada Vox no consiguió apoyos para una moción que buscaba aplicar la ‘prioridad nacional» en el acceso a la vivienda protegida.
