Madrid (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha planteado la posible nulidad de algunas pruebas del caso Plus Ultra si no se acredita qué resolución judicial autorizó a analizar una serie de conversaciones que motivaron la «imputación» al exlíder socialista «de actos penalmente reprochables».
La defensa de Zapatero ha remitido un escrito al juez José Luis Calama, al que ha tenido acceso EFE, en el que advierte de que, si no existe tal autorización, dichas conversaciones «tienen que ser excluidas del procedimiento» y ello comprendería «promover un incidente de nulidad».
Un disco duro «crucial»
El abogado Víctor Moreno Catena se refiere a un disco duro denominado «crucial» que contiene conversaciones de un abogado imputado en el caso, Miguel Palomero, y «otras conversaciones privadas de terceros afectados por las entradas y registros» que se practicaron en 24 de octubre de 2024 en atención a unas solicitudes de cooperación jurídica internacional de Francia y Suiza.
Dichas conversaciones, explica el abogado, han sido analizadas en informes policiales de la UDEF, figuran en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó en noviembre de 2025 y dio lugar a la apertura de una pieza separada en el juzgado de Madrid que comenzó investigando el caso Plus Ultra y que después lo derivó a la Audiencia Nacional.
De hecho, el abogado subraya que la resolución que remitía el caso a la Audiencia Nacional tenía «base» en un chat denominado «Danilo-España» y en ella la jueza consideró «que podría existir una organización internacional para el blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países».
La defensa apunta también que las conversaciones fueron analizadas en unas diligencias de investigación preprocesales que abrió Anticorrupción en diciembre de 2025, cuando el asunto estaba en el juzgado de Madrid.
El abogado subraya en definitiva que el material digital fue intervenido «con una finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero» (Francia y Suiza), si bien ha sido «utilizado después en investigaciones internas sucesivas españolas y de objeto distinto».
Y eso requiere «una habilitación judicial» que ahora solicita en su escrito, en el que pide «que se depure si la fuente de prueba y sus derivaciones fueron regularmente obtenidas».
Por ello, reclama que la Fiscalía indique qué resolución judicial autorizó «a las fuerzas policiales el análisis de las comunicaciones privadas aludidas, así como el lugar de esta compleja instrucción, de ida y vuelta, donde esa autorización se encuentra» para que «se pueda asumir como una diligencia que fue regularmente obtenida».
