FISCALIA PASAPORTE BEGOÑA GOMEZ
Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. EFE/Javier Lizón

El fiscal pide la absolución de Begoña Gómez al no apreciar ningún delito

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Madrid (EFE).- La Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución de Begoña Gómez; su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, en el caso que investiga su actividad profesional, al no apreciar delito alguno en la conducta de los acusados y porque no han obtenido «ningún tipo de retribución o beneficio adicional».

En el escrito de conclusiones de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal recuerda que la esposa del presidente del Gobierno estuvo vinculada a la Universidad Complutense a través de una cátedra de la que fue codirectora y «por la que percibió 0 euros».

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Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), junto a su esposa, Begoña Gómez (i). EFE/Borja Sánchez-Trillo
Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), junto a su esposa, Begoña Gómez (i). EFE/Borja Sánchez-Trillo

También señala que ni sociedades ni empresas intervinientes pretendieron ni obtuvieron ninguna remuneración a consecuencia de su participación en el proyecto, ni tampoco existe vinculación con su actividad y contratación en el sector público o privado.

Ninguno de investigados se ha beneficiado económicamente

«Ni Begoña Gómez, ni Cristina Álvarez, ni Juan Carlos Barrabés obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y sus patrocinios», subraya el fiscal.

También destaca que ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas.
Así, la Fiscalía cree que los hechos no son constitutivos de infracción penal, por lo que solicita la libre absolución de los acusados.

FISCAL PIDE ABSOLUCION BEGOÑA GOMEZ
El empresario Juan Carlos Barrabés a su salida del Tribunal de Instancia de Madrid, en una imagen de archivo. EFE/Fernando Villar

Y propone interrogar a una treintena de testigos entre los que hay empresarios, asesores de Moncloa y personal de la Universidad Complutense. E

La Fiscalía recurre la retirada de pasaporte

La Fiscalía de Madrid ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asesora, Cristina Álvarez.

En el escrito, adelantado por El País y al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía subraya que ambas tienen un «indudable arraigo en territorio nacional, son españolas, sus familias son españolas y tienen también arraigo en territorio nacional; ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España».

Cuatro presuntos delitos

El juez Peinado envió a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y ordenó, en un auto dictado el pasado 20 de junio, que se le retirase el pasaporte, se le prohibiera salir de España y compareciera en el juzgado cada 15 días, como medidas cautelares hasta la celebración del juicio, al apreciar riesgo de fuga.

Para la Fiscalía, esta medida es innecesaria porque tanto Gómez como Álvarez «carecen de nexos con el extranjero, en general o particular» y «carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga e instalación fuera de España».

«Y no será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado que descartaron las sospechas infundadas», añade.

A la Fiscalía le resulta «llamativa» la retirada de «cuantos pasaportes pudiera disponer», salvo -apunta- que pueda aludir a la supuesta adquisición de nacionalidad de República Dominicana, «dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios».

Tendrá que acudir cada 15 días al juzgado

Critica también que Begoña Gómez tenga que acudir cada 15 días al juzgado, una medida que «carece de sentido» porque no existe riesgo de fuga, y ve «carente de lógica y racionalidad» que Peinado apunte al auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una eventual fuga.

Cree que este argumento carece de justificación y base racional y «extiende una sombra de sospecha infundada» sobre esas instituciones. «No es fácil imaginar y asumir la confabulación que visualiza el instructor, por otro lado, planteada sin mayor justificación».