Madrid (EFE).- Todas las comunidades han exigido al Ministerio de Sanidad que vuelva a negociar el texto del estatuto marco porque consideran que se ha hecho «alterando la metodología de trabajo» de otras normas sanitarias, sin consenso ni cooperación institucional y sin la evaluación técnica suficiente de su impacto.
Así se lo han trasladado en «un decálogo de posicionamiento común de las comunidades autónomas ante el anteproyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud», al que ha tenido acceso EFE, y que este jueves ha leído el consejero vasco, Alberto Martínez, durante la Comisión Técnica Delegada de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad.
Consejo Interterritorial
El decálogo, que han suscrito un día antes de la reunión del Consejo Interterritorial, llega después de que varios consejeros, entre ellos el propio Martínez, hayan reclamado a Sanidad empezar de nuevo con la negociación.
Las comunidades comparten la necesidad de adaptar el estatuto de 2003 a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud (SNS), pero «la trascendencia» de esta reforma exige «amplios consensos institucionales y profesionales que garanticen su viabilidad y sostenibilidad futura».
Asimismo, sostienen que la viabilidad de cualquier reforma básica «debe valorarse necesariamente desde la perspectiva de su aplicación efectiva por parte de las administraciones gestoras», en este caso las comunidades, «en particular de las correspondientes competencias de cada administración».
También creen que ha habido una «insuficiente participación de los órganos de coordinación interadministrativa» en las últimas versiones del anteproyecto, resultando «especialmente significativo» que la Comisión de Recursos Humanos no haya intervenido «con la intensidad que una reforma de esta naturaleza requería».
Igualmente, denuncian una «alteración de la metodología tradicional de trabajo» del SNS, que en otras normas de recursos humanos sanitarios ha estado basada «en la cooperación institucional, el análisis técnico previo y la búsqueda de consensos».
Organización de los servicios
Por otra parte, consideran que las modificaciones de mayor impacto organizativo incorporadas al final de la negociación no han estado precedidas de «una evaluación técnica suficiente de sus consecuencias» sobre la organización de los servicios.
«Las decisiones relativas a jornada, descansos, guardias, clasificación profesional, retribuciones complementarias, dedicación o planificación de efectivos requieren necesariamente un análisis previo de su repercusión sobre la continuidad asistencial, la disponibilidad de profesionales y la capacidad organizativa de los distintos servicios de salud», subrayan.
Además, se quejan de que se ha roto el equilibrio que debe haber entre los derechos profesionales, la capacidad organizativa de los servicios y la garantía de la atención sanitaria, que puede «generar dificultades de aplicación práctica, incrementar la conflictividad jurídica y comprometer la adecuada prestación de la asistencia sanitaria».
Las últimas modificaciones del texto «parecen responder fundamentalmente al resultado de la negociación desarrollada en el ámbito sindical», de ahí que exijan «un análisis paralelo de su viabilidad operativa, de las necesidades de personal que genera y de los recursos económicos precisos para su efectiva implantación».
Piden la revisión de la norma
Por todo ello, estiman necesario devolver el texto al grupo de trabajo de actualización del estatuto constituido en 2023 por ser «el foro técnico más adecuado para culminar» la revisión de la norma «desde una perspectiva compartida por todas las administraciones».
En noveno lugar, reclaman el «principio de lealtad institucional» entre todas las administraciones: las comunidades muestran su «plena disposición» a participar activamente en el proceso desde «el trabajo conjunto» y la «construcción de soluciones compartidas que permitan alcanzar el mayor grado posible de consenso institucional y profesional».
Por último, solicitan una memoria económica «rigurosa» y «una financiación adecuada» que identifique adecuadamente los costes.
«Las observaciones formuladas responden a una voluntad de colaboración institucional y de mejora de la futura norma», concluyen los consejeros antes de avisar que su éxito dependerá de su capacidad para «conciliar la legítima ampliación de derechos laborales con la realidad operativa» de los servicios de salud.
