Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros aprueba este martes en segunda vuelta el anteproyecto de ley de violencia vicaria, la cual se tipifica de forma especifica en el Código Penal como un delito sobre la integridad moral de las mujeres, tras meses de debate entre los distintos ministerios para incorporar algunos aspectos que no estaban incluidos en el texto inicial.
El Gobierno decidió aplazar en febrero la aprobación del proyecto impulsado por Igualdad, coproponente junto a Juventud e Infancia y Justicia de esta norma, que incorpora medidas específicas contra la violencia vicaria, aquella que ejerce la pareja o expareja sobre los hijos u otras personas con un vínculo afectivo con la mujer víctima de violencia machista, con el objetivo de causarle el mayor daño.
Discrepancias entre ministerios
El retraso de su aprobación vino motivado por las discrepancias entre los ministerios implicados, después de que Juventud e Infancia anunciara que se desmarcaba del proyecto ante la negativa de Justicia a modificar cuestiones que podrían implicar riesgos para la protección de las víctimas, como advirtieron asociaciones feministas.
El departamento de Sira Rego planteaba modificaciones relativas a la tipificación de la violencia vicaria, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños y adolescentes, y consideraba inaceptable que el texto inicial siguiera permitiendo al agresor mantener contacto con hijos e hijas víctimas de violencia vicaria o de género.
Y lo hizo después de que la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional advirtiera en una carta que el texto legal, tal y como estaba planteado, podría dejar a las madres víctimas en una situación de inseguridad jurídica.
Todo ello motivó un nuevo texto que fue enviado al Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), que avaló por unanimidad en un segundo informe, en términos generales aunque con algunas recomendaciones, nuevos aspectos no incluidos en el proyecto inicial, como la privación de la patria potestad en los casos de sentencia firme por violencia de género.
En este apartado, señaló que «debe preverse la posibilidad de la revisión de la privación de patria potestad cuando está justificado por el interés superior del menor».
Tipificación como delito
A falta de concretar los nuevos preceptos incluidos, el texto de la norma en su primera versión introducía en el Código Penal un nuevo artículo que tipifica la violencia vicaria como un delito contra la integridad moral de las mujeres.
También contemplaba una pena accesoria que prohíbe que los agresores vicarios difundan públicamente detalles de sus crímenes, para evitar así que se repita lo que sucedió con la publicación del libro ‘El odio’ sobre el asesino José Bretón, encarcelado por matar a sus dos hijos.
Además, incluía la modificación del Código Civil para que tanto los menores de edad como los mayores con discapacidad necesitados de especial protección sean obligatoriamente escuchados por un tribunal antes de acordar un régimen de custodia o de visitas, entre otros aspectos.
Después de casi un año, el proyecto que está llamado a convertirse en la primera ley integral sobre violencia vicaria llega al Consejo de Ministros para su remisión al Congreso, en un contexto en el que 68 menores han sido asesinados desde 2013, tres en lo que va de año, según las estadísticas oficiales.
