Madrid (EFE).- El Ministerio de Juventud e Infancia ha denunciado ante la Fiscalía de Menores la decisión del Gobierno de Aragón de suprimir la asignación económica semanal que percibían hasta ahora los niños y adolescentes migrantes no acompañados mientras la mantiene para aquellos con nacionalidad española.
Según ha informado en un comunicado el departamento que dirige Sira Rego, esta medida, ordenada por la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, de la que es titular el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), establece una diferencia de trato entre niños tutelados por la misma administración en función de su origen.
Este lunes, la Consejería ha informado de su decisión en relación con esta asignación, que Nolasco califica de «propinas» y que asciende a 17 euros semanales para cada menor.
«Quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años», ha señalado la ministra a través de la nota.
Rego ha calificado la medida de «racista», «miserable» y «cutre»
Rego ha calificado la medida de «racista», «miserable» y «cutre» y ha asegurado que busca criminalizar a los menores por no haber nacido en España y establecer ciudadanías de primera y de segunda, «como hacen los regímenes más perversos».
Para la ministra se trata de «la aplicación directa de la prioridad racista que el PP ha firmado gustosamente con Vox», cuyo único objetivo es «crear un caldo de cultivo donde el odio se convierta en la norma».
En el oficio, remitido a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores, el Ministerio explica que la medida podría suponer una vulneración de los derechos fundamentales de los niños, una discriminación por nacimiento, raza y circunstancia personal, así como un posible delito de odio y una desatención del interés superior del menor.
El Gobierno considera que suspender esta paga es contrario al principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, que prohíbe toda discriminación por razón de nacimiento o raza, así como al artículo 39, que obliga a los poderes públicos a proteger a la infancia.
El Ministerio ha recordado que las entidades públicas que asumen la tutela de menores en situación de desamparo están obligadas a garantizar la cobertura de sus necesidades y a promover su integración sin discriminación alguna y estas asignaciones contribuyen a fomentar su autonomía, desarrollo madurativo y transición a la vida adulta.
Infancia ha trasladado esta información a la Fiscalía de Menores para que, si lo considera, investigue los hechos y «despliegue las medidas necesarias que aseguren la plena protección de estos niños, niñas y adolescentes».
«Confío en que la Justicia ponga las cosas en su sitio. Nuestra Constitución es clara. Somos un país de acogida y así va a seguir siendo», ha concluido la ministra en su comunicado.
