Madrid (EFE).- La defensa del excomisario José Manuel Villarejo ha defendido que Kitchen fue una operación de inteligencia legítima que buscaba patrimonio oculto del extesorero del PP Luis Bárcenas e información sobre testaferros, y ha pedido la absolución de este policía, subrayando que solo siguió órdenes de sus superiores.
En el juicio del caso Kitchen, que se sigue en la Audiencia Nacional, el letrado del excomisario, Antonio García Cabrera, ha sostenido este lunes que no hay pruebas que permitan sostener que Kichen fue una operación parapolicial para sustraer documentación al extesorero e impedir que datos incriminatorios para el PP acabasen en poder de la Justicia, como sostienen las acusaciones y la Fiscalía.
En su informe final, esta parte ha defendido que Kitchen es «un caso cuasi periodístico» porque «nunca existió con tal nombre» y ha atribuido su creación al extesorero del PP, quien ejerce la acusación particular y cuya credibilidad ha puesto en duda esta defensa.
Operación de inteligencia para buscar patrimonio y testaferros
El letrado de Villarejo ha insistido en que se produjo una operación de inteligencia para buscar patrimonio y testaferros, compatible y diferente del caso Gürtel, en la que el excomisario cumplió lo requerido por sus superiores, en concreto por el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino.
Ha destacado que la única grabación coetánea a la operación es un audio de 2013 en el que Villarejo insta al entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, a darle al tarro para encontrar grabaciones del extesorero, apuntando de nuevo a la búsqueda de testaferros y dando así una explicación alternativa a la que sostiene que los acusados buscaban grabaciones del expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy.
El letrado ha recordado además que en su primera declaración, en 2019, Bárcenas negó la existencia de dichas grabaciones, que después sí reconoció durante el juicio y cuya veracidad niega Rajoy.
Además, la defensa de Villarejo ha señalado que el excomisario no supo hasta 2017, a través del excomisario Enrique García Castaño, exonerado de la causa por motivos de salud, que éste tenía «cosas brutales de cocin» -el apodo que se le daba al chófer y que da nombre al caso-, y nunca tuvo copia de nada.
«Son actuaciones de la policía normales», ha recalcado el letrado, que ha destacado el registro por escrito del uso de fondos reservado o las notas de inteligencia sobre el patrimonio de Bárcenas que Villarejo elaboró y remitió a sus mandos.
Según esta defensa, ninguna de las irregularidades planteadas en esta operación «podría convertir una operación que inicialmente fuera lícita en ilícita», y ha puesto como ejemplo el hecho de que la investigación a Bárcenas no se incluyera inicialmente en el sistema interno de la Policía.
Sí considera esta parte que serían ilegales dos hechos investigados que sí requerían de autorización judicial y cuya veracidad pone en duda: el supuesto acceso al taller de Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, y el volcado de móviles del extesorero. En todo caso, atribuye toda la responsabilidad al respecto al excomisario Enrique García Castaño, quien confesó ambos extremos.
Además, la defensa de Villarejo ha denunciado que se rompió la cadena de custodia en los audios intervenidos al excomisario y ha pedido expulsar de la causa las grabaciones aportadas a la Justicia por el empresario Javier Pérez Dolset, investigado en la Audiencia Nacional junto a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales.
Villarejo enfrenta en este caso una petición de 19 años de cárcel por parte de la Fiscalía.
Regular la presencia de partidos en juicios como Kitchen
La defensa del que fuera jefe de la UDEF y director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) José Manuel Olivera ha lamentado que su cliente siga estando acusado en el juicio de Kitchen por parte de la Abogacía del Estado y las acusaciones populares de PSOE y Podemos, después de que la Fiscalía retirase su acusación contra él.
El abogado de Olivera ha culpado de la situación en que se encuentra su cliente al «componente político-mediático» que, ha dicho, rodea a este juicio y ha reclamado que se regule la presencia de los partidos políticos en los procesos penales, que es lo que a su juicio ha motivado una acusación «desaforada» e «infundada» contra su defendido.
Una circunstancia, ha resaltado, que le ha causado mucho daño porque lleva «cinco años sufriendo injustamente este proceso», lo que le ha causado una enfermedad grave, situación en la que ha considerado que se encuentran otros «servidores públicos» en este juicio y que no se merecen.
Defensa exasesor de Cospedal apunta que Kitchen fue legal
Por su parte, la defensa de Andrés Gómez Gordo, policía que fue asesor en el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, ha pedido la absolución de este inspector tras defender que Kitchen fue una operación de inteligencia legal, y no una operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas.
Gómez Gordo, director general de Documentación y Análisis en Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015, enfrenta una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía y fue una de las personas que pagó al exconductor de Bárcenas Sergio Ríos con fondos reservados. Según la investigación, era apodado Andy o Cospedín por parte del excomisario Villarejo.
Durante el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional, su defensa ha negado este lunes que este inspector captase al chófer de Bárcenas como confidente en 2013 y ha defendido que solo le presentó al excomisario José Manuel Villarejo siguiendo órdenes del entonces director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino.
