Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo ha dejado en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la ley de nietos, hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado parcialmente la medida cautelar solicitada por Iustitia Europa y Vox en los recursos presentados contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC), del pasado 16 de julio, que señaló, entre otras cuestiones, que no podía acordar la no admisión del voto por correo desde el exterior porque excedía a sus competencias.
El requisito del exilio
La ley de nietos permite, en virtud de una disposición dentro de la ley de memoria democrática dictada el 19 de octubre de 2022, a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, siempre que acrediten los requisitos de haber nacido fuera de España, que el padre, madre, abuelo o abuela fueran originariamente españoles y hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.
Sin embargo, una semana después el Gobierno aprobó una instrucción que decía que se «presumirá» la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron entre 1936 y 1955.
Y ahora el alto tribunal suspende los efectos electorales de la inscripción en el CERA para los sucesivos procesos electorales hasta el dictado de la sentencia, salvo aquellos casos que acrediten que son descendientes de represaliados conforme a la norma, según consta en el fallo que ha adelantado este martes la Sala, a la espera de notificar el auto, que cuenta con un voto particular.
«No regirá la suspensión para las personas con respecto a las cuales los encargados de los registros consulares expidan certificación acreditativa de su condición de nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente fueran españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, o de creencia o de orientación de identidad sexual (…) sin haber aplicado la presunción de la instrucción».
Instrucción a los consulados
Dicho de otro modo, los consulados tienen que acreditar que las nacionalizaciones se realizan conforme a los requisitos de la ley y no de la instrucción para así poder inscribirse en el CERA, y a tal fin ordena a la JEC que requiera «de inmediato» a los consulados.
Igualmente, ordena a la Oficina de Censo Electoral que proceda al desglose de los expedientes de inscripción censal que procedan de la aplicación directa de los supuestos de exilio recogidos en la ley, y de los aprobados al amparo de la interpretación realizada por la instrucción.
Y también pide a la Junta que apremia a la Oficina del Censo Electoral para que ésta última le remita el informe completo que solicitó el pasado 16 de julio sobre la aplicación de la llamada ley de nietos y el voto por correo de residentes ausentes, así como la elaboración de una instrucción con criterios precisos para la determinación del municipio de inscripción electoral.
2,4 millones de descendientes de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista han solicitado la nacionalidad española a través de esta vía, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales.
El Gobierno no comparte la decisión
La ministra portavoz, Elma Saiz, ha dejado claro que el Gobierno no comparte la decisión adoptada este martes por el Tribunal Supremo.
«No compartimos esta decisión contraria al criterio del Gobierno y también al de la Junta Electoral Central», ha respondido la ministra a una pregunta formulada en la rueda prensa posterior al Consejo de Ministros justo después de conocerse la medida adoptada por el Supremo.
El PP cree que el Supremo ha frenado a Sánchez
El Partido Popular ha afirmado que con la decisión del Tribunal Supremo se ha frenado un «intento» del presidente Pedro Sánchez de «alterar» las elecciones.
A través de un vídeo distribuido a medios, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha declarado que el Gobierno pretendía «con todo el descaro alterar las elecciones generales» para que Sánchez «se perpetuara en el poder» y que se ha encontrado con una justicia «que funciona», frente a un «intento de ingeniería electoral».
Ezcurra ha destacado que el Supremo le ha dado la razón al PP y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «va a tener que explicarse y asumir responsabilidades».
La vicesecretaria del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha puntualizado que la decisión judicial es un «varapalo» de la justicia al «intento» del Gobierno de «meter a saco» a cientos de miles de personas en el censo electoral.
Según la popular, el Ejecutivo se ha encontrado con un Estado de derecho que funciona, con una justicia que funciona, a pesar de «todos los intentos del Gobierno por acosar a jueces y a magistrados».
Vox presume de haber evitado una «manipulación»
Por su parte, Vox ha presumido de ser quien ha evitado una «manipulación» del censo electoral como consecuencia de la ley de nietos.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha destacado en una rueda de prensa en la Cámara Baja que han sido «el único partido con representación parlamentaria» que ha logrado que el Tribunal Supremo «suspenda los efectos electorales de la llamada ley de nietos y el intento de manipulación electoral para las próximas elecciones».
«Unos se limitaron a avisarlo», ha dicho en alusión al PP, «y otros hemos logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales a través de la adulteración del censo».
«Hoy se demuestra que hay que hacer y se puede hacer todo lo que esté en nuestra mano para parar a este Gobierno y devolver la dignidad a los españoles», ha añadido Millán.
