Madrid (EFE).- La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye la causa abierta tras la entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta el pasado mes de julio, ha citado a declarar como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz.
En un auto notificado este miércoles, la jueza acuerda múltiples diligencias, solicita a numerosos organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido en relación con estos hechos y los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión.
Además solicita que se le informe de la fecha y hora en que se emitieron esas alertas e informes.
La magistrada cita a Vivas para el 30 de septiembre y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno el 1 de octubre. Ese mismo día tomará declaración también como testigo al jefe de la Policía Local de Ceuta.
El pasado viernes, el que era jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, presentó su dimisión tras sostener que sí trasladó los avisos del CNI sobre una posible llegada de migrantes desde Marruecos el día 30 a su superior Miguel Ángel Pérez Triano, en contra de lo que sostiene este.
Análisis biométricos, cadena de mando e imágenes satelitales
En su auto, la juez acuerda la práctica de múltiples diligencias, a instancias de la Fiscalía, entre ellas, que la Comisaría General de Información y a la Unidad Central de Inteligencia Criminal realicen análisis biométricos y de reconocimiento facial de todas las personas identificadas como «agentes dinamizadores» de la convocatoria en redes sociales para una entrada masiva en Ceuta. y que figuran en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional.
También requiere a las direcciones de Policía y Guardia Civil para que elaboren un informe que precise la identidad, el cuerpo policial, unidad operativa, empleo o graduación, funciones y actuación de los efectivos uniformados marroquíes que aparecen en las imágenes y grabaciones incorporadas a la causa.
La jueza trata así de reconstruir la cadena de mando operativa presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio.
Además, solicita al Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CEFRONT), la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) que aporten las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido al respecto y, en caso positivo, los destinatarios, así como el medio utilizado para su comunicación y difusión, con la fecha y hora en que tuvieron lugar.
Igualmente pide al EMAD las imágenes satelitales de la horquilla temporal comprendida entre las 00:00 horas del 20 de julio y las 23:59 horas del 7 de agosto de la playa de Fnideq (Marruecos) colindante con la zona fronteriza española y la playa de El Trampolín (Ceuta).
Pieza separada secreta con petición de datos a plataformas tecnológicas
Tardón ha abierto una pieza separada de investigación tecnológica, que tendrá naturaleza secreta, para lo que pide asistencia judicial a las compañías Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple y cualquier otra plataforma digital identificada durante la investigación.
Concretamente, les pide la conservación inmediata y posterior remisión de los datos de registro de las cuentas utilizadas para la difusión de la convocatoria de entrada masiva a Ceuta, direcciones IP, dispositivos empleados, números de teléfono asociados, correos electrónicos vinculados, historial de conexiones y contenido de grupos, canales y perfiles utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto.
En este sentido y con la finalidad de identificar el origen de la convocatoria, reclama al Centro de Inmigración y Fronteras (CENIF) que aporte su informe sobre la organización digital mencionado en el informe principal.
La instructora indica que todas las diligencias son pertinentes porque inciden en aspectos expresamente destacados en la resolución judicial: la actividad desarrollada en redes sociales, la identificación de dinamizadores y organizadores, la eventual existencia de estructuras criminales, la determinación de los responsables de la planificación y dirección estratégica de los hechos, la investigación de los fallecimientos producidos y el análisis de las actuaciones desarrolladas antes, durante y después de la entrada masiva.
