Madrid (EFE).- El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado este jueves a las administraciones y al resto de poderes públicos medidas urgentes para evitar los desahucios de personas vulnerables, después de que este miércoles fuera desalojada de su vivienda en Madrid Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que residía en ella desde hacía siete décadas.
En un comunicado, Gabilondo ha considerado que el desalojo de la anciana confirma que existen «deficiencias, incluso legales», que deberían subsanarse «lo antes posible».
«Referencia de lo que nunca ha de suceder»
El Defensor ha pedido además a las administraciones que ofrezcan soluciones inmediatas cuando se produzcan situaciones como la vivida por Maricarmen, que, a su juicio, se ha convertido por diferentes razones en «una referencia simbólica de lo que nunca ha de suceder».
Un caso en el que, añade, se comprueba «en toda su crudeza la crisis de la vivienda y la escalada al respecto de intereses especulativos».
La comisión judicial ejecutó este miércoles el desahucio de Maricarmen de la vivienda situada en la calle del Alcalde Sáinz de Baranda en la que residía desde hacía siete décadas, después de un dispositivo policial que se prolongó durante más de siete horas y de que activistas trataran de impedir el lanzamiento.
La mujer salió del inmueble en camilla y fue trasladada al hospital Gregorio Marañón para revisar su estado de salud.
El desalojo puso fin a un litigio iniciado en 2018, cuando el edificio donde se encuentra el piso, sujeto originalmente a un contrato de renta antigua, fue vendido a la inmobiliaria Renta Corporación y posteriormente transferido a la socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) Urbagestión Desarrollo e Inversión, SL.
La propiedad reclamaba a la inquilina un alquiler mensual de 1.650 euros frente a unos ingresos que, según sus allegados, se limitan a una pensión de 1.450 euros.
Rechazadas las alternativas planteadas a la propiedad
La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, aseguró este miércoles que la propiedad había rechazado las alternativas planteadas para alcanzar un acuerdo o, al menos, aplazar quince días el lanzamiento para que la mujer pudiera recoger sus pertenencias.
Tras el desahucio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Ejecutivo enviará de manera urgente al Parlamento un nuevo real decreto de vivienda y pidió responsabilidad a los grupos para convalidarlo y evitar casos como este, después de que el Congreso derogara en febrero, con los votos del PP, Vox y Junts, el decreto que prorrogaba la moratoria de los desahucios y la protección a hogares vulnerables.
