Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días a las partes para que presenten alegaciones sobre la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que da vía libre aplicar la amnistía tanto al expresidente catalán Carles Puigdemont como a otros líderes del ‘procés’ como Oriol Junqueras.
Una vez ha sido notificada la sentencia del Constitucional que avaló amnistiar el delito de malversación, tanto el juez Pablo Llarena como la Sala de lo Penal del Supremo da este paso y solicita tanto a la Fiscalía como a las defensas que «formulen las alegaciones que a su derecho convengan».
Se trata de una forma de proceder similar a la que han seguido el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, aunque en su caso tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avaló la ley de la amnistía, ya que ambos han dado un plazo a las partes para alegaciones antes de resolver sobre su aplicación en los procedimientos que aun tienen abiertos.
No obstante, ocurre que la resolución de la corte de garantías sí se dirige al Supremo para que dicte «un nuevo pronunciamiento en el que se declare amnistiado el delito de malversación a la exconsellera Dolors Bassa», con «carácter preferente y urgente».
Ello supone una orden directa y precisa, como ya anticipó el presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, hace unos días, que era justo lo que había pedido el alto tribunal.
De hecho, el primer paso lo dio este martes el juez Llarena cuando dejó sin efecto, con carácter inmediato, la orden de detención de Puigdemont, si bien este último apuntó después que no contempla regresar a España hasta la plena aplicación de la amnistía.
Y es que el juez no aplicó aun la amnistía a los tres fugados, al argumentar que es imperativo conocer primero el contenido íntegro de la sentencia, una tesis que comparte también la Sala de lo Penal, que debe pronunciarse sobre su aplicación al líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Jordi Turull y Raul Romeva.
