Madrid (EFE).- La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que absuelva a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, de los delitos de malversación y tráfico de influencias por los que se sentará en el banquillo ante un jurado popular, en una fecha aún por determinar.
«Sin delito no hay autor», asevera con rotundidad el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, en el que mantiene la misma postura que ha defendido desde que se inició el procedimiento: «los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal».
Procede, por tanto, según su criterio, la absolución de Begoña Gómez y de su asesora, Cristina Álvarez, acusada también de malversación.
Ambas serán juzgadas ante un jurado después de que, hace unas semanas y a las puertas de su jubilación, el juez Juan Carlos Peinado las enviase a juicio tras una polémica investigación que arrancó en abril de 2024 con una denuncia de la organización Manos Limpias.
Solo la acusación popular, que coordina Hazte Oír, solicita una condena para ellas: 13 años de cárcel para Begoña Gómez y 6 para Cristina Álvarez por hechos que giran en torno al papel como codirectora de la mujer del presidente del Gobierno de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, el ‘software’ que se creó en su seno y el trabajo que desempeñó para ella su asesora, pagada con fondos públicos.
«0 euros» por la codirección de la cátedra
Tras repasar la trayectoria profesional de Begoña Gómez en el mundo de la empresa antes de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa, el fiscal incide en que percibió «0 euros» por su «actividad no retribuida» como codirectora de la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva en la UCM.
Esta cátedra nació tras una reunión, a iniciativa de Gómez, con el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, en la Moncloa en julio de 2020, «con la universidad cerrada por la pandemia».
El fiscal subraya que se cumplió con la normativa para la creación de la cátedra, una figura regulada que persigue atraer inversión privada y tratar cuestiones relevantes para la sociedad, y para la que «no es preciso título universitario o profesional».
En el marco de dicha cátedra, se contempló impulsar una plataforma tecnológica o ‘software’ para la medición del impacto social, que contó con la participación de «empresas destacadas» como Indra, que «aportó equipo y personal de trabajo por valor de 128.442,37 euros», Telefónica, cuya valoración se cuantifica en 55.000 euros, o Google (40.000 euros), entre otras.
La Fiscalía explica que no consta que dicho programa se haya implementado o se haya registrado como propiedad intelectual de la universidad, y añade que las acusadas no se han beneficiado económicamente ni la UCM ha sufrido perjuicio patrimonial.
El fiscal también señala que Gómez ha colaborado con la universidad, en diferentes actividades y másteres, desde 2012 hasta 2024, por las que ha cobrado en total 39.170 euros.
No hay daño al erario público en el trabajo de la asesora
Tampoco ve delito el fiscal en el trabajo que, desde 2018, Cristina Álvarez viene desempeñando como asesora de Begoña Gómez, en un puesto de confianza y «de personal eventual» adscrito a Presidencia del Gobierno, que ha existido para las cónyuges de presidentes «en todos los gobiernos de la etapa democrática».
Su nombramiento siguió los cauces legales -añade la Fiscalía- y sus funciones, «con una disponibilidad permanente», comprenden tareas de carácter logístico y organizativo, «en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza».
Gestión de agenda, preparación de reuniones, visitas y eventos, a los que acompañaba a Begoña Gómez, entre otras tareas que han incluido, según la Fiscalía, «actividades puntuales gestión y contacto entre diferentes personas de la UCM», patrocinadores o entidades, figurando en copia de correos.
Una actividad que no ha ocasionado «ningún tipo menoscabo o detrimento para el patrimonio y recursos públicos», concluye el fiscal.
