Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire, ha dado un nuevo plazo de quince días al PSOE para que facilite «sin más demora» los datos sobre los abogados contratados por el partido entre 2021 y 2025.
En una providencia, Pedraz también reclama al PSOE que, en caso de que alguno de estos datos incurran en una violación del secreto profesional, «identifique de forma precisa e individualizada los documentos afectados y las razones jurídicas que justificarían su exclusión».
Ayer, el PSOE solicitó un plazo adicional a Pedraz para darle la información sobre los abogados, a la espera de el Consejo General de la Abogacía Española se pronuncie sobre el alcance del secreto profesional.
Rechaza los argumentos del PSOE
Al respecto, Pedraz responde al PSOE que esta consulta al Consejo General de la Abogacía «carece de todo efecto suspensivo respecto del requerimiento acordado por este órgano judicial», ya que «ninguna disposición legal atribuye a dicha iniciativa unilateral la virtualidad de paralizar una diligencia de investigación judicial».
En el escrito remitido ayer al juez, el PSOE alegó que la campaña electoral y la dispersión territorial de la documentación requerida dificultaban la recopilación de estos elementos.
A lo que Pedraz responde que esta alegada dispersión territorial y la carga de trabajo derivada de la campaña electoral «constituyen circunstancias internas exclusivamente imputables al propio requerido», y que no pueden prevalecer «frente al deber constitucional de colaborar con la Administración de Justicia ni justificar el incumplimiento de una resolución judicial».
También rechaza, inicialmente, el argumento del PSOE sobre el secreto profesional, ya que sostiene «una invocación genérica e indiscriminada respecto de la totalidad de la documentación requerida».
«Tal planteamiento resulta incompatible con la jurisprudencia constitucional y ordinaria, que exige una justificación específica, individualizada y verificable de la concreta lesión que pudiera producir la entrega de determinada información», manifiesta el PSOE.
Le corresponde a la Audiencia Nacional «dirigir la investigación y determinar el alcance de las diligencias acordadas», por lo que «no puede admitirse que quien resulta destinatario de un requerimiento judicial condicione su cumplimiento a la previa conformidad de una corporación profesional ni a su propia valoración acerca de la relevancia, proporcionalidad o procedencia de la medida acordada», según explicita Pedraz.
